Una fiscal de la Seccional San Andrés logró que jueces de control de garantías enviaran a la cárcel a dos hombres que presuntamente estarían vinculados a unos atracos ocurridos en el archipiélago.
Una de las decisiones judiciales afectó a Rayman Consuegra Romero, quien, al parecer el 25 de abril de 2023, en el sector de School House y en compañía de otra persona, habría intimidado con arma de fuego a un comerciante al que ese día le hurtaron su celular, dinero en efectivo y otros objetos personales. La cuantía de lo sustraído ascendió a 7 millones de pesos.
Labores de policía judicial permitieron posteriormente identificar a Consuegra Romero, de 19 años, como una de las personas que habría participado en el hurto, por lo que fue capturado mediante orden judicial el pasado 4 de marzo por la Policía Nacional en el sector del Cliff.
Asímismo, fue asegurado Anderson James Pérez por su presunta participación en dos atracos ocurridos el 4 y 25 de febrero en el sector de la Avenida Juan XXIII.
En el primero, el procesado de 19 años habría amenazado con arma de fuego a un transeúnte para apoderarse de su bolso y teléfono móvil.
Igualmente, la Fiscalía estableció que, al parecer, también apuntó con arma de fuego a otra persona y la golpeó para hurtarle su motocicleta.
En la consolidación del compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de resolver con eficacia los delitos que afectan la seguridad ciudadana, a los procesados el ente acusador les imputó el delito de hurto calificado agravado, el cual no aceptaron.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MEVA/CFG/NV/DSSPS
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.