Varias han sido los casos de desnutrición detectados por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF) en el municipio de Arauca, específicamente al interior de algunas comunidades indígenas que convergen en este territorio.
Uno caso grave de desnutrición fue el registrado ayer por parte de la entidad del Estado en la comunidad del Pueblo Wamoné establecida en el antiguo relleno sanitario del municipio de Arauca, lugar en el que se encuentran más de 300 personas entre adultos y menores de edad. Se trataría de un menor de edad que tuvo que ser dirigido al Hospital San Vicente de Arauca para recibir atención médica debido a que presentó desnutrición, según el tamizaje realizado por profesionales del programa de la Unidad de Búsqueda Activa del ICBF. Además de este caso, otros dos casos no tan graves también fueron registrados.
Hay que recordar que en días anteriores, el Defensor del Pueblo Carlos Camargo, alertó sobre los casos de desnutrición que se están registrando en varios territorios de la nación y del cual el departamento de Arauca, no escapa de esta realidad.
Por su parte, la directora del ICBF regional Arauca, Rosa Audelina Cisneros, indicó que se inició un trabajo de campo en lo territorios y asentamientos humanos más vulnerables de la región para dar con esos posibles casos de desnutrición.
Es importante aclarar que estos casos no solo se darían al interior de comunidades indígenas, sino en el resto de la población, pues la falta de oportunidades y la alta tasa de desempleo, hace mucho más difícil la tarea de llevar el sustento de algunas familias en Arauca.
Un problema que se acentúa.
En varios ocasiones este medio de comunicación ha evidenciado la situación en que viven las comunidades indígenas en Arauca, que están llevando a un problema mucho mayor con respecto a la ciudad, puesto que también los indígenas más jóvenes; y aprovechándose de su condición, estarían siendo utilizados para la venta de estupefacientes, y en el caso de las mujeres, para el trabajo sexual.
Hasta el momento no ha existido desde el mismo Gobierno Nacional, ni la administración departamental ni municipal, una política pública encaminada a atender estas necesidades que padecen las comunidades indígenas y que de forma indirecta también afectan al resto de la comunidad.
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