Entre los capturados se encuentran militares activos y retirados, la banda también operaba en otros departamentos del país y vendían municiones a grupos armados al margen de la ley.
En una operación que ha dejado al país en asombro, la Fiscalía General de la Nación ha desmantelado una compleja red de tráfico de armas compuesta por integrantes y exintegrantes de las Fuerzas Militares. Este golpe maestro ha llevado a la captura y judicialización de tres hombres que, bajo la fachada de servidores de la patria, abastecían de letales arsenales a los más peligrosos grupos armados ilegales de Colombia.
Las investigaciones revelaron un oscuro entramado dentro de las Unidades Móviles de Mantenimiento de Armamento de la Cuarta y la Sexta División del Ejército Nacional. Esinhawer Romero Moreno, un soldado profesional, junto con el suboficial en retiro Harold Alejandro Ráquira García y el soldado profesional en retiro Sergio Lozano Morales, fueron detenidos bajo la acusación de sustraer piezas de armas de largo alcance de las instalaciones militares. Estas partes eran utilizadas para ensamblar fusiles y ametralladoras que acababan en manos de las disidencias de las Farc, el ELN y el ‘Clan del Golfo’.
La audaz operación, ejecutada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía con apoyo de la Brigada de Contrainteligencia Militar y el Gaula Militar, dejó al descubierto un alarmante modus operandi. Los capturados, valiéndose de su posición, habrían sacado de los depósitos militares piezas de diversas armas, ensamblando al menos 100 fusiles, ametralladoras y lanzagranadas. Estas letales herramientas de guerra se vendían a las estructuras criminales que operan en Caquetá, Putumayo, Huila, Tolima, Antioquía, Meta y Chocó.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los tres detenidos, señalados de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Uno de los procesados, en un gesto que ha sido interpretado como un intento de buscar una reducción de pena, aceptó los cargos.
