Los avances de los últimos años en inversión en infraestructura están en riesgo debido a la incertidumbre que generó la decisión del Gobierno de congelar la tarifas de los peajes a comienzo de año.
Luego de que hace unas semanas varios directivos de concesiones y expertos advirtieron por la incertidumbre que hay porque en el proyecto de adición presupuestal no están claros los recursos para suplir ese impacto, estimado entre $800.000 y un billón de pesos solo para el 2023, hay nuevas preocupaciones.
Un estudio del centro de estudios económicos Fedesarrollo para la Cámara Colombiana de Infraestructura advierte que el Decreto 050 de enero de 2023 podría generar en los próximos años al Gobierno una contingencia fiscal de $13,8 billones al año 2040, valor estimado del déficit eventual de largo plazo a favor de las concesiones viales.
Y agrega que con la decisión el Gobierno estaría señalizando la intención de restablecer el modelo de obra pública en detrimento del modelo de APP, inhibiendo la inversión privada, generando fuertes atrasos y paralizando las iniciativas de quinta generación (5G).
Además alerta porque las iniciativas privadas, que sólo se financian con peajes, podrían terminarse de forma anticipada al no asegurar su viabilidad financiera.
El estudio de Fedesarrollo también recalca que esos retrasos en inversiones en infraestructura vial podría reducir el crecimiento de la economía en una magnitud de 0,5% del PIB.
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