Para la Auditoría y para la Contraloría General el acto administrativo con el cual el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, decidió suspender a la alcaldesa de Suratá, Ana Francisca Coronado, al parecer no cumplió con los requisitos exigidos por la Corte Constitucional para aplicar este «principio de verdad sabida y buena fe».
Por esta razón, será la Contraloría General de la Nación, en cabeza de Carlos Hernán Rodríguez, la que haga una intervención funcional en…
