La sentencia T-302 del año 2017 sigue siendo un gran reto para las instituciones en el departamento de La Guajira, para que esta se cumpla. Las soluciones que han llegado han sido prácticamente escasas y en algunos casos lo que es peor, totalmente nula.
La sentencia es todo un plan de vida para las olvidadas comunidades wayuu, pero a juicio de su gestor Javier Rojas Uriana, la situación sigue siendo compleja debido que en este gobierno que cumplió cuatro meses han muerto más de 20 menores; es decir las cosas siguen iguales, muy a pesar de que el presidente ha hecho varios llamados y anuncios, estos se han quedado ahí, en anuncios, asegura Rojas.
El gestor de la sentencia es pesimista y cree que no ve en el futuro próximo cómo se puede resolver esta situación de la comunidad wayuu. «Le hemos hecho un llamado al gobierno para que haga un alto en el camino y se siente a escuchar a la comunidad por primera vez en la historia, para que desde ella se pueda hacer un trabajo conjunto en busca de las soluciones que se necesitan» dijo Rojas.
Aseveró que se necesita saber con urgencia dónde están los recursos que se necesitan para financiar el funcionamiento de la sentencia y pare la muerte de los niños. 495 mil millones de pesos costó el plan Guajira Azul, pero esto no ha sido suficiente ya que, si bien hubo inversiones en infraestructuras, estas no han solucionado ni la sed ni el hambre de la comunidad.
Por mandato de las 4 mil 200 autoridades entre ellos visionarios, accionantes y wayuu en general, la petición al gobierno central es la misma, que haga un alto en el camino y al menos por un día se siente a dialogar con el pueblo wayuu para que los escuche y entienda el tema de la problemática y situación tan grave de crisis humanitaria que está viviendo esta parte de La Guajira.
