El Ministerio de Educación radicó esta semana el Acuerdo Nacional por la Educación Superior ante el Congreso, con el cual se pretende transformar el esquema de financiación de este nivel educativo, para que las instituciones públicas puedan enfrentar los desafíos financieros que tienen.
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De acuerdo con la cartera, se está buscando modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 en lo referente al financiamiento de las universidades públicas, las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas, universitarias o escuelas tecnológicas estatales u oficiales, y de los establecimientos públicos del orden territorial.
En términos generales, actualmente el modelo de financiación establecido en la Ley 30 se basa en los valores estatales que se ajustan cada año según el índice de precios al consumidor (IPC).
Sin embargo, el Ministerio sostiene que este esquema no tiene en cuenta el aumento real de la cobertura del sistema, el mejoramiento de la calidad ni el incremento de los costos asociados a la prestación del servicio educativo, generando “una brecha financiera significativa en las Instituciones de Educación Superior Públicas».
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Por esta razón, el objetivo del proyecto es que, por ejemplo, los aportes a las universidades e instituciones técnicas profesionales, tecnológicas, universitarias o escuelas tecnológicas estatales u oficiales se calculen tomando como base el presupuesto asignado a cada institución, y se ajuste de acuerdo Índice de Costos de la Educación Superior (Ices).
Otro de los puntos es que si el Ices es inferior a la variación del IPC, el aumento de los aportes del Presupuesto General de la Nación (PGN) se ajustará con base en la tasa registrada en la inflación.
“Desde el PGN se asignarán recursos equivalentes al 0,05% del PIB calculado por el Dane en el primer año de aplicación de la Ley, para establecer la base presupuestal de las instituciones educativas”, afirma la cartera.
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El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.
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Incluso, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, aseguró que el propósito del Gobierno es avanzar no solo en el financiamiento de la educación, sino también en el bienestar, calidad y pertinencia del sector. “Este Acuerdo Nacional nos une como Colombianos y es la mejor herencia que podemos dejar”, destacó Rojas.
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Algunos actores han estado a favor de dicho acuerdo. Un ejemplo de aprobación fue el de la Universidad Industrial de Santander (UIS), entidad que manifestó que la educación se destaca como el principal vehículo de movilización social, por lo que el avance esperado es la aprobación de la iniciativa.
“Este proyecto es coherente con el propósito de mejorar significativamente el desarrollo integral de los colombianos, al posicionar la educación superior en un lugar prioritario en las proyecciones futuras del país”, indicaron.
Sin embargo, uno de los cuestionamientos que ha tenido la educación superior ha sido la baja y mala inversión en los países en desarrollo y sobre cómo esto afecta las esferas del sector.
Frente a esto, Adolfo Meisel Roca, rector de Uninorte, señaló que “si mejoráramos la eficiencia de lo que gastamos, que se puede hacer, podríamos tener más recursos para invertir donde se debe: alimentación escolar, infraestructura escolar, capacitación de los maestros, entre otros”.
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Adicionalmente, Óscar Domínguez González, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), le dijo a El Nuevo Siglo que actualmente el derecho a la educación no se está garantizando para toda la población porque no existen las condiciones financieras del Estado para hacerlo en la práctica.
Educación
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“Creemos que es un paso en la vía correcta concentrarse en ajustar los artículos 86 y 87 de la ley 30, que cambian la realidad financiera de las universidades públicas y que resuelven su desfinanciamiento estructural, desde el año 92”, agregó.
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Ahora bien, el Ministerio de Educación enfatizó en qué se destinarán recursos adicionales para la promoción de la iniciativa del Acuerdo Nacional. Estos beneficios estarán orientados en el aumento progresivo del acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes de pregrado de las instituciones de educación superior.
Asimismo, se propone el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la oferta; el bienestar institucional; el fortalecimiento de la planta docente y administrativa de las instituciones públicas; atender las variaciones producto de la aplicación del sistema salarial y prestacional docente vigente y para proyectos de infraestructura y planes de fortalecimiento de calidad.
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“Los recursos adicionales estarán sujetos a disponibilidad presupuestal, y se hará seguimiento por parte del Gobierno para un uso eficiente y transparente de estos. Continuamos construyendo una educación pública, gratuita y de calidad, ese será el legado del Gobierno”, señalaron.
Paro camionero 2024
Miltón Díaz
¿Más educación, menos Acpm?
Teniendo en cuenta la situación a la que se enfrenta el país por el paro camionero con motivo del incremento del Acpm, el Ministerio registró las inversiones que se le podrían hacer al sector de la educación con los recursos de los subsidios sobre ese combustible.
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En detalle, la cartera recalcó que con el billón de pesos mensual que cuesta el subsidio a este combustible, en este renglón se podrían invertir en 179.104 nuevos maestros en escuelas y colegios de todo el país.
Adicionalmente, con esos mismos recursos se podría condonar toda la deuda en nueve meses de los deudores del Icetex. También, con ese billón se financiaría la construcción de al menos 120 sedes universitarias y la educación de 180.000 jóvenes por un año.
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“Reducir paulatinamente el subsidio al Acpm es una medida de responsabilidad nacional, heredamos un hueco fiscal que no puede cargársele al pueblo”, afirma la cartera. Finalmente, el jefe del Ministerio recalcó que “el verdadero combustible de una sociedad es la educación”.
