Desde la firma del decreto 050 del 15 de enero de 2023, se ha desatado una ola de cuestionamientos por parte de expertos sobre la viabilidad del pago del ‘extra’ de los peajes en el país.
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Esta normativa se dictó con el fin de congelar el precio en la tarifa de los peajes del Instituto Nacional de Vías (Invías) y los de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) como medida para combatir el impacto de la inflación en el bolsillo de los colombianos.
Según María Montejo Torres, asociada senior de Infraestructura y Proyectos de Baker McKenzie, si bien esta decisión está avalada por la ley (Decreto 87 de 2011, artículo 6.15), el pago de estos es la preocupación de las concesiones.
“Las compensaciones a los concesionarios ocurren según lo previsto en cada contrato, el Estado estaría cumpliendo sus obligaciones contractuales y esto daría un mensaje de seguridad y estabilidad jurídica a los inversionistas”, señaló Montejo.
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De no ser así “se produciría un efecto en cadena que afectaría a concesionarios, contratistas, empleados y financiadores, así como una posible avalancha de demandas contra el Estado colombiano. Inclusive, se pondría en juego la viabilidad de futuros proyectos de infraestructura en el país”, indica la asociada.
Estos recursos según el Ministerio de Transporte son por un valor de $500.000 millones y según el Ministerio de Hacienda por $800.000 millones, los cuales saldrán de la adición presupuestal del año 2023.
Para calcular el monto, la ANI, el concesionario y el interventor del contrato deberán calcular trimestralmente la diferencia entre el recaudo esperado y el recaudo obtenido luego de la afectación de las tarifas.
“Este cálculo debe constar en un acta suscrita dentro de los 5 días siguientes a la terminación de cada trimestre, y el reconocimiento de la diferencia se hace con los mecanismos de compensación indicados arriba”, dice la experta de Baker McKenzie.
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Vale aclarar que según la Cámara Colombia de Infraestructura (CCI), este valor a pagar por el Estado sería mayor a un $1 billón.
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