La Fiscalía de Colombia citó a audiencia de imputación de cargos a la ex consejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, implicada en el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, informó el ente acusador este viernes.
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«La Fiscalía radicó hace pocos minutos solicitud de audiencia de imputación en contra de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. La audiencia se realizará el próximo viernes 29 de noviembre», indicó en un comunicado la Fiscalía. Además, el ente acusador también solicitará en esta audiencia la imposición «de medida de aseguramiento privativa de la libertad».
El escándalo de corrupción en la UNGRD, organismo que se encarga de atender y prevenir emergencias causadas por desastres naturales en el país, fue destapado por la prensa en febrero pasado y desde entonces ha ido creciendo hasta alcanzar a altos funcionarios del Gobierno. Entre los señalados figura el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien según la Fiscalía fue determinante, en coordinación con el exdirector de la UNGRD Olmedo López para la adjudicación de tres contratos por 92.000 millones de pesos (unos 20,7 millones de dólares).
Según la investigación, los dos funcionarios supuestamente buscaban beneficiar a cinco congresistas y a un exrepresentante a la Cámara, que también están siendo investigados en este caso, a cambio de que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno. También, están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia colombiana los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, acusados de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
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Este escándalo también salpica a Carlos Ramón González, que renunció en julio pasado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cercano al presidente colombiano, Gustavo Petro. Los implicados en el entramado habrían malversado 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.
EFE.
