Cuando el gremio que cobija a propietarios de estaciones de combustibles de la península, Dispeguajira anunciaba que a partir de ese momento se declaraban en asamblea y en los próximos días anunciarían la hora cero del paro que esperaban realizar a nivel departamental como protesta por el valor de la gasolina y el ACPM, el gobierno nacional ordenó un incremento en el número de galones del inflamable que entra a La Guajira.
De acuerdo a lo expresado por los comerciantes, se estaban despachando al departamento 2.500.000 galones, pero esa cantidad es absolutamente inferior a las necesidades del parque automotor de la península y cuando llegan las remesas subsidiadas apenas alcanza para una semana, de allí en adelante la comunidad debe comprar al precio nacional que está en COP $9.030.
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Los comerciantes al tener conocimiento de la decisión del Gobierno con este incremento, no esperaron mucho tiempo para pronunciarse y calificar el incremento como ‘un contentillo temporal’, pues se hará solo por una vez durante el mes de julio.
La Guajira durante el último año ha presentado un consumo promedio 5.375.761 galones de combustible por mes, de los cuales 2.848.995 galones se deben comprar y vender a los precios nacionales con todos los impuestos que obviamente encarecen el producto.
Dicen los comerciantes que este paliativo es un apaga fuego para la protesta que se puede venir, pero en nada resuelve el problema de fondo ya que con este volumen sólo se alcanza a cubrir con combustibles subsidiados el 63 % de la demanda actual, y el otro 37 % equivalente a cerca de 2.000.000 de galones, se deberá adquirir a precio nacional que para la gasolina corriente supera los COP $9.030 por galón para el consumidor final, “es un valor que antes de promocionar, obstaculiza el desarrollo económico de La Guajira como región de frontera”, dicen los agremiados en la venta del hidrocarburo.
De acuerdo con los empresarios en los territorios de frontera internacional, estos precios deferenciales que son autorizados por ley de la República como está consagrado en el artículo 1 de la Ley 681 de 2001 establece que todo el combustible que la zona de frontera necesitara para satisfacer su demanda interna tendría que ser de precio diferenciado.
Los empresarios y consumidores locales no quieren una solución de contentillo con un solo mes de beneficio, sino la aplicación de la ley definitiva y permanente. Con estas expectativas los comerciantes y propietarios de vehículos estuvieron esperando la llegada del presidente Iván Duque este jueves en Riohacha, donde tenían pensado volver a tocar el tema y ahora de manera presencial.
También tenían pensado entregarle un documento en el que se condensa la realidad de la gasolina, tanto la venta a precio nacional como la subsidiada. Ellos piden igualdad con otras regiones de frontera donde hay gasolina suficiente a precios accesibles a las condiciones económicas de esta región.
