A través de sus redes sociales, el Representante a la Cámara por el departamento del Meta, Jaime Rodriguez, denunció ante la Fiscalía al ex gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, donde se le acusa presuntas irregularidades en la ejecución del contrato No. 1693 de 2022, suscrito entre la Gobernación del Meta y el Consorcio Ganadería Meta 2022.
Dicho contrato, cuyo valor supera los $20.528’000.000, provenientes de un convenio fallido con el Ministerio de Agricultura, tenía como objetivo la compra de 2.304 novillas para beneficiar a pequeños productores agropecuarios del departamento. Sin embargo, en el proceso se evidenciaron presuntos sobrecostos, falsedad en documentos y otras irregularidades que afectan gravemente la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Uno de los aspectos más alarmantes de la denuncia es el presunto sobrecosto millonario en la compra de ganado, estimado en más de $1.300’000.000. Además, aunque el contrato contemplaba la entrega de 2.304 novillas, solo se entregaron 765, lo que representa un grave incumplimiento que, hasta la fecha, no ha sido sancionado.
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Además, la denuncia revela que en los documentos de comercialización y movilización del ganado se omitieron elementos obligatorios de identificación, como los hierros, chapetas o microchips que permiten identificar la propiedad del ganado. En este sentido, se encontraron bonos de venta duplicados con información contradictoria, lo que indicaría una presunta falsificación de documentos. Un caso concreto es el bono de venta No. 3253452, registrado en el municipio de Granada para la venta de 66 novillas y la misma numeración aparece en otro bono de venta expedido en Yopal, Casanare con información diferente, lo que podría configurar falsedad material en documento público.
Adicionalmente, se encontró que hay personas que figuran simultáneamente como compradores y vendedores de parte del ganado, según la información consignada en los bonos de venta, y también como beneficiarios del programa. Este hecho sugiere una posible doble condición de proveedores y beneficiarios.
El Representante Jaime Rodríguez enfatizó en la importancia de que la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República, investiguen a fondo estas irregularidades y garanticen el buen uso de los recursos públicos y su recuperación en caso de pérdida por detrimentos como el que se evidencia en los contratos. “No podemos permitir que los dineros destinados al desarrollo agropecuario del Meta terminen enredados en presuntas prácticas corruptas. Esto no es solo un problema administrativo o penal; es un atentado contra los campesinos y productores que realmente necesitan apoyo para fortalecer el sector ganadero del departamento”, afirmó el congresista.