Luego de que el paquete de cinco proyectos de ley que dejó la anterior ministra de Educación, Aurora Vergara, dejó listos para presentar ante el Congreso para reformar el sistema educativo, el Gobierno Nacional ya confirmó que solamente presentara uno, y en una versión más reducida.
Se trata de la reestructuración de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, los cuales establecen la financiación del Estado colombiano hacia las instituciones de educación superior (IES) públicas del país.
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Esto, sin embargo, no se trata de una reforma menor. De hecho, recientemente, Francisco Vargas Bonilla, vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia, dijo para EL TIEMPO que dichos artículos tienen una enorme responsabilidad en la crisis financiera que atraviesa actualmente esta y otras universidades de carácter público.
Educación superior pública
César Melgarejo / Portafolio
“Esta es la sumatoria de varias cosas. Primero se necesitan actualizar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 (que establecen los incrementos anuales que hace el Gobierno a las universidades públicas). Esos recursos históricamente vienen presentando una brecha entre el crecimiento de los costos de las universidades públicas versus la actualización de esa base presupuestal, el costo de lo que se denomina la canasta educativa en el país ha estado muy por encima del valor del IPC que establece la ley”, aseguró Vargas.
En esto también han estado de acuerdo otros rectores de este tipo de instituciones, como el caso de Leopoldo Múnera Ruiz, rector en funciones de la Universidad Nacional de Colombia, nada más y nada menos que la IES pública más importante del país.
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«Se requiere reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 que tiene que ver con la financiación de la universidad pública. La universidad pública no puede seguir con esa inestabilidad en la financiación que depende de la voluntad de cada presidente. Hay que darle una progresión a esa financiación que permita que respiren las universidades y las instituciones técnicas y tecnológicas”, dijo, en charla con EL TIEMPO.
Un déficir que no para de crecer
Según el analista Ricardo Rodríguez, consultado por EL TIEMPO, los artículos 86 y 87 de la Ley 30 ya se encuentran obsoletos: «La realidad de las universidades públicas cambió muchísimo en 30 años. En su momento se creyó que tasar los incrementos anuales en el valor del IPC iba a mantener estables sus finanzas, pero la verdad es que, por el contrario, se ha creado un hueco financiero que año a año es más grande, se acumula, y que las mismas instituciones tiene que mirar cómo llenar«.
Universidad Nacional de Colombia
Linda Patiño
Y es que para comprender la gravedad de este problema, hay que conocer de primera mano cómo se financian las universidades públicas a nivel nacional. Según dicha ley, el presupuesto que el Estado asigna a las instituciones públicas corresponde al valor de la inflación.
“Esto ha sido un problema, porque los costos universitarios han subido en promedio 5,2 puntos porcentuales más que el IPC”, explicó al mismo diario Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), organización que agrupa a las 34 universidades públicas del país.
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Esto se puede explicar, entre otras cosas, por un crecimiento en el número de matrícula año a año, es decir, que las universidades reciben más estudiantes año a año. Esto demanda a las instituciones tener mayor personal, una planta docente más grande y otra serie de gastos.
Esto ha causado que, de cubrir casi la totalidad de los costos universitarios al momento de que la Ley 30 entrara en vigor, ahora los recursos que aportan la Nación, alcaldías y gobernaciones, equivalgan al 55,25 %, mientras que el 44,75 % restante debe correr por cuenta de las mismas instituciones educativas.
Universidad de Antioquia.
Cortesía Dirección de Comunicaciones U. de A.
De hecho, la diferencia entre los incrementos tasados en la inflación y los costos reales que costean las universidades se encuentra consignada en el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices) elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
Según este índice, los costos de las universidades estatales del país en el segundo semestre del año pasado presentaron un aumento anual del 14,45 %. En cambio, el dato de inflación de dicho año fue del 9,28 %. Dicho valor es el que la Nación debió incrementar por ley para el año en curso al presupuesto destinado a las universidades pública, 5,17 puntos porcentuales por debajo de lo que realmente subieron sus costos.
Cabe mencionar que esta situación viene presentándose de esta manera desde hace varios años. De hecho, según el SUE, solo del 2011 al 2021, la inflación fue, en promedio, del 3,7 %, significando eso que dicho dato fue el aumento de recursos que recibieron las universidades cada año en dicho rango de tiempo. No obstante, sus gastos subieron anualmente un 8,8 % en funcionamiento y un 9,4 % para personal, es decir, unos cinco puntos porcentuales (p.p.) más de lo recibido.
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Cabe mencionar también que desde 2022 el Gobierno incrementa de manera anual a las universidades por encima del dato de inflación, consecuencia en parte por el paro estudiantil del 2018. De esta manera, para 2024 el aumento fue del dato de inflación, con un 9 % adicional. Sin embargo, cabe resaltar que dicho incremento fue superior al establecido por la Ley, por lo que no está asegurado en el Presupuesto General de la Nación y está sujeto a la voluntad del Gobierno que esté de turno.
Educación
iStock
“En los últimos años este incremento por encima del IPC ha logrado frenar que se incremente el déficit, pero no que deje de existir ni elimina el riesgo de que siga aumentando. Básicamente, las universidades públicas dependen de que el Gobierno quiera dar más plata, pero la Ley 30, como está, no asegura estos recursos”, explica Rodríguez.
¿Una luz?
Para darle una solución a estos problemas, los sectores parecen estar de acuerdo en que es necesario que el dato de inflación no se utilice más para calcular los incrementos anuales del presupuesto para las universidades, sino que sea el Ices del Dane el que determine realmente cuanto se debe incrementar los gastos para las instituciones públicas en términos reales de manera anual.
No obstante, hacer este cálculo sería más complejo que solo tomar el porcentaje de dicho índice y, para ello, ya se han presentado varias propuestas, tanto por el SUE, como por el mismo Gobierno y sectores independientes, tal como la representante a la Cámara por la Alianza Verde y exlíder estudiantil, Jennifer Pedraza.
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Y es que no es suficiente analizar la diferencia entre la inflación y el Ices, sino también la disponibilidad presupuestal, la distribución de estos recursos y, además, de costos de funcionamiento, algunos sectores plantean que se debe tener en cuenta un porcentaje para inversión, considerando las metas que tiene el actual Gobierno Nacional para el sector educativo en términos de cobertura.
Otros sectores, como el movimiento estudiantil, instan en que se debe saldar esta «deuda histórica«, que correspondería al valor de los costos que el Estado colombiano no cubrió en las últimas tres décadas, o sea, la diferencia entre la inflación y el Ices de cada año.
PORTAFOLIO
*Con información de EL TIEMPO – EDUCACIÓN
