Liquidez en caja del Gobierno ha caído un 76% en el último año

La semana pasada cerró con un pronunciamiento del Gobierno Nacional, en el cual reconoció que tiene una crisis de liquidez en sus finanzas y como solución a este problema puso en marcha un plan de recorte de gasto en el Presupuesto General de la Nación para el 2023, que está siendo coordinado por el Ministerio de Hacienda.

Dentro de lo que se sabe hasta el momento, ya se presentaron los rubros susceptibles de recorte por cada una de las entidades del Estado y en el Consejo de Ministros que se realizó en Casa de Nariño se pasó revista a cada uno de ellos, para saber si se incluyen dentro de los gastos que se aplazan para el próximo año.

La meta del Gobierno, según lo explicado por el ministro Ricardo Bonilla, es bajar al menos $20 billones las cuentas de gasto, para lo cual se revisarán diversos sectores, sin tocar las líneas rojas que trazó el presidente Gustavo Petro, en gastos sociales, como subsidios y programas de bienestar, así como la atención de población vulnerable.

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Un primer punto para entender la crisis de solvencia que enfrentan en este momento las finanzas del Estado se aprecia en una reciente comunicación enviada por el Ministerio de Hacienda al Congreso de la República, en la cual informa que los recursos del Tesoro Nacional en el Banco de la República pasaron de $29,9 billones en abril del 2023 a tan solo $7,1 billones al cierre del mismo período del 2024.

Esto quiere decir que en los últimos 12 meses la liquidez en caja cayó un 76%, quedando incluso en su punto más bajo de los últimos 10 años. Si bien el Ministerio reconoce que esto es un dato variable que depende de factores como el recaudo y mejora con el tiempo, al contrastar todos los meses con su par del año anterior, se aprecia una caída sistemática.

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“La liquidez del Tesoro presenta variaciones a lo largo de los meses del año dependiendo del comportamiento de los ingresos y los gastos, presentando los ingresos su mayor nivel en los vencimientos de impuestos y los gastos principalmente en fin de año, así como en los vencimientos de deuda importantes. En la vigencia 2024, el principal vencimiento de deuda es en el mes de julio, por lo que los niveles de caja se prepararán para cumplir esa obligación”, dice el documento.

Para el senador Juan Pablo Gallo, estos datos muestran que los retos que enfrenta el país no son menores y que es necesario adoptar medidas urgentes para salir de esta crisis, o de lo contrario se pone en riesgo la credibilidad del país ante las agencias de riesgo.

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“Hoy el gobierno tiene menos recursos de lo habitual en los depósitos del Banco de la República, que corresponden a la liquidez para cubrir sus gastos. Si le sumamos que en abril se recaudó un 40% menos en impuestos que el año pasado, el resultado no es que estemos en la olla, sino que básicamente la olla está raspada”, agregó el legislador.

Entre tanto, para Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, uno de los puntos a cuidar con el recorte de gasto que se piensa realizar tiene que ver con la inflexibilidad del gasto que contempla la ley para los rubros de funcionamiento en el Presupuesto General de la Nación, aunque destaca que si se hacen bien las cosas, podrían ganarse hasta $25 billones de liquidez.

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“El problema sustancial está en cómo quedó la inversión financiada y ahí es donde tiene que el Estado organizarse de manera clara, después de haber estudiado bien la posición de funcionamiento, cuáles gastos de inversión va a recortar, que eso es lo más duro”, dijo este experto, argumentando que hay espacio para ajustes.

Respecto a los rubros que se pudiesen recortar, agregó que “sería loable no pensar en reducir el presupuesto de inversión en infraestructura, de carreteras y de otros. ¿Por qué? Porque esos presupuestos de infraestructura están generalmente relacionados con contratos que ya vienen en ejecución, con contratos que ya están financiados con vigencias futuras, con contratos que ya, desde luego, van en adelanto de obra y definitivamente hay que estudiar eso con sumo cuidado”.

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En medio de este debate por el futuro de las finanzas del Estado, un informe del Banco de Bogotá advierte que el recorte de gasto público debería ser mucho más grande de lo proyectado por el Gobierno, teniendo en cuenta que la proyección de ingresos para este año es mucho menor que la que se presupuestó en las cuentas oficiales.

“Cuando el Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación de 2024 por $503,2 billones en octubre de 2023, el Gobierno esperaba obtener ingresos por $352,4 billones en todo el año. No obstante, nuestros cálculos denotan que, verdaderamente, los ingresos rondarían $292,3 billones, significando un descalce cercano a $60 billones y haciendo necesaria una estrategia de recorte en el gasto público para asegurar el cumplimiento de la Regla Fiscal”, explicaron.

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A esto se suma, según su análisis, que en lo corrido del año los ingresos nuevamente sorprendieron a la baja y, dado el poco margen de maniobra, sus cuentas apuntan a que ahora se requiere un ajuste en el gasto de $48 billones para cumplir las metas del Gobierno Nacional y advierten que dada la dificultad de llevar a cabo dicha política, los mercados ya descuentan un recorte en la calificación crediticia del país.

Si bien reconocen que las alternativas para cumplir la regla fiscal son pocas, destacan que una medida adicional “podría ser revisar al alza el crecimiento económico del país de 1,5% a 2,0% en 2024 pero esta opción solo le da un espacio fiscal de $0,5 billones. Por su parte, flexibilizar la RF mediante el adelantamiento del período de transición sólo significaría un presupuesto adicional de $1,5 billones”.

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Sobre los puntos en los que se puede recortar, para el exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, “se debe reducir el gasto de funcionamiento, pensar en que subir el salario mínimo por encima de inflación hace mucho daño. De otra parte se debe reducir el tamaño del Estado y por último el país no puede estar generando subsidios todos los días, yo recortaría especialmente esos subsidios”.

Así las cosas, por ahora se espera que el Ministerio de Hacienda dé a conocer el documento oficial de los sectores que tendrán esta anunciada reducción, con el fin de determinar qué tanto podrían golpear el crecimiento del país esos $20 billones que por ahora dejarán de ejecutarse por este apretón obligado al cinturón.