Así lo dio a conocer el líder wayuu Javier Rojas Uriana, uno de los cinco peticionarios iniciales de protección en favor del pueblo Wayuu y que generó las medidas cautelares expedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; en la que se le ordenó al Gobierno nacional disponer de los elementos necesarios para evitar que los niños y adultos mayores siguieran muriendo por la falta de alimentos que les genera la desnutrición.
Las medidas cautelares dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron promulgadas hace ocho años para la protección de niños, niñas y adultos mayores que estaban muriendo sin mayores acciones preventivas y desde entonces el Gobierno no ha tomado verdaderas medidas para evitar este genocidio que amenaza con la extinción de la etnia Wayuu.
Desde hace tres años los primeros peticionarios estaban pidiendo que el proceso pasara la comisión a la Corte Interamericana, al considerar que este último organismo es más vinculante y existe la posibilidad de que al no cumplir y aplazar siempre las soluciones a la crisis humanitaria, terminen condenando al Estado colombiano por los daños irreparables que han causado a la etnia.
Varios líderes wayuu del grupo de peticionarios de las medidas cautelares, fueron citados junto a los representantes del Gobierno Nacional a una sesión de la Comisión Interamericana en su sede principal de Washington y allí le dieron la noticia a los Wayuu de que la Comisión de manera oficiosa en una de las sesiones periódicas que desarrolla, de remitir el proceso a la Corte Interamericana, pero se reservó el poder de vigilar el cumplimiento de las acciones de parte del Gobierno.
“En esta sesión pudimos demostrar ante la Comisión que el Gobierno no ha cumplido en ninguna de las medidas cautelares y al contrario, las muertes han seguido muy a pesar de la buena voluntad del actual Gobierno”, dijo en declaraciones a este diario, el líder wayuu Javier Rojas, uno de los delegados por el pueblo indígena al país del norte del continente.
Con este antecedente de incumplimiento del Gobierno era más fácil que el caso lo asumiera, como ha ocurrido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora se espera que ante la inminente sanción que podría generar el incumplimiento, el gobierno nacional proceda con real intención, a cumplir lo ordenado por el organismo interamericano de Derechos Humanos.
“Ellos están muy preocupados con toda la situación que se ha presentado por incumplimiento del Estado colombiano y se trazó una agenda en donde se cambiará las reglas de Juego”, dice Rojas Uriana
Una de las decisiones tomadas por parte de los magistrados de esta corte es que en adelante las reuniones para verificar las acciones de cumplimiento no se harán cada año o cada siete años, sino que será cada mes. En este sentido, se tiene previsto que para los últimos días del presente mes de noviembre los magistrados de la Comisión volverán a reunirse con los delegados del Gobierno nacional para evaluar qué se ha hecho y qué se va a hacer en favor de los niños.
Además, la Comisión se comprometió a trabajar por la defensa de la vida y la salud de los defensores de Derechos Humanos, pues allí también reposa una demanda contra el Gobierno nacional por la muerte de cientos de líderes sociales. El caso del mismo líder Javier Rojas a quien le hicieron un atentado hace poco más de un mes, está registrado en ese organismo interamericano.
