Ni con incidencia de desacato a gerente de la EPS paciente ha logrado una remisión por parte de la Nueva EPS

Don Jorge Orlando Herrera Garzón (65 años), lleva tres meses y medio esperando que la Nueva EPS en Puerto Carreño (Vichada) le autorice un traslado hacia el interior del país para recibir atención médica especializada.

El pasado 21 de marzo el médico de don Jorge remitió “a un centro de mayor nivel para realizar tratamiento quirúrgico de alta complejidad”, debido a que presenta un diagnóstico de “pólipo vesicular con colecistitis aguda”. Pero a la fecha su remisión no ha sido posible.

Teniendo en cuenta las demoras en los trámites de la entidad aseguradora, el paciente decidió interponer una acción de tutela, buscando que se garantizara el traslado solicitado por el médico tratante. El 24 de abril el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Carreño falló a favor de Herrera Garzón y ordenó a la Nueva EPS “que dentro del término máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo hubiere hecho, proceda a autorizar y garantizar al señor Jorge Orlando Herrera Garzón” la remisión correspondiente.

Sin embargo, la Nueva EPS no cumplió la orden judicial, por lo que el 9 de mayo el Juzgado realizó la “apertura formal al incidente de desacato en contra de la gerente de salud de la Nueva EPS (en Vichada) – dra. Luz Amparo Ramírez Becerra”, instando a la funcionaria de entidad de salud para que cumpliera con el fallo de tutela proferido el 24 de abril.

Pero, para el día 23 de mayo, la Nueva EPS no había cumplido con lo ordenado por el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Carreño, por lo que ese despacho judicial decidió imponer a la gerente regional de la entidad una sanción de arresto de tres días y una multa por valor de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes ($4.640.000).

“La omisión deliberada de la acusada merece reproche, especialmente cuando se origina en una entidad que tiene como función principal garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados e inescindiblemente, la salvaguarda de amenaza y/o vulneración del derecho fundamental a la salud y a la vida de sus afiliados”, dijo la juez Karen Marcela Pineda en el fallo judicial.

EL MORICHAL conoció que hasta el momento el señor Jorge Orlando Herrera Garzón no ha sido trasladado hasta un centro hospitalario en el interior del país, para que reciba la intervención quirúrgica que necesita.