45 mil millones de pesos congelados en las cuentas bancarias para desembolso por entrega de viviendas nuevas a ibaguereños.
Sigue la polémica en el departamento del Tolima, por el cese de actividades de la Oficina de Instrumentos Públicos en Ibagué, actividad que se venía presentando desde el pasado 28 de octubre en la capital musical, afectando con pérdidas millonarias la reactivación económica de la ciudad en sectores como la construcción, sector inmobiliario, bancos, notarías y curadurías.
Según el presidente de CAMACOL – Cámara Colombiana de la Construcción seccional Tolima y gremios económicos del Tolima, la crisis es compleja en materia de cadena de valor para la construcción, por lo que se hizo un llamado prioritario para que las autoridades competentes actúen y garanticen el restablecimiento del servicio público registral.
Debido a esta situación, se agrava de manera crítica la prestación del servicio público registral en el país y se convierte en uno de los procedimientos más restrictivos, complejos y de impacto negativo en el acceso a la vivienda de los colombianos, la política de vivienda social, la financiación hipotecaria y el desarrollo regional y del mercado inmobiliario.
Ante esta crisis, los directamente afectados hacen un llamado a las autoridades con el fin de dar una solución a esta situación y evitar una crisis peor, teniendo en cuenta que a la fecha se han frenado inversiones mayores a los 1.6 billones de pesos y se ha puesto en riesgo el acceso a vivienda formal de 8 mil familias colombianas. Teniendo en cuenta que, para el caso del Tolima, se han frenado $44.864 millones de inversión y 347 familias han dejado de recibir vivienda.
