En el marco de las discusiones sobre el Plan de Desarrollo que regirá en los próximos cuatro años en Bogotá, una de las iniciativas más destacadas es el fortalecimiento del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), artículo que fue aprobado por el Concejo con el fin de garantizar una ejecución eficiente de las obras pendientes y asegurar que esta entidad cumpla con sus compromisos con la ciudad.
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Durante sus intervenciones recientes, la Concejal Cristina Calderón Restrepo destacó la urgencia de abordar los persistentes retrasos en las obras de la ciudad. De acuerdo con la Concejal, el nuevo IDU reportó que la administración pasada dejó 78 obras contratadas, de las cuales 78 se entregaron con retrasos graves.
«Es importante mencionar que en 2020 el IDU estuvo entre las entidades con mayor presupuesto de inversión durante la gestión de Claudia López, al contar con un presupuesto de $1,499 billones, el más alto en comparación con las administraciones anteriores como la de Petro y Peñalosa. Sin embargo, en esa administración no entendemos por qué, a pesar de esta inversión considerable, el IDU se encuentra entre las entidades con los niveles más bajos de ejecución en obras de infraestructura», aseguró la Concejal del Nuevo Liberalismo.
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Obras en Bogotá.
Archivo particular
Además de los graves retrasos en las obras de la ciudad, los fondos de desarrollo local de las alcaldías locales se han vuelto un grave problema para la movilidad en Bogotá. En marzo de este año la Contraloría encontró 40 hallazgos fiscales por $11.200 millones.
Por esta razón es importe que las obras que se pongan en marcha se hagan bien y solo se hagan las que son necesarias para la ciudad con aval técnico y jurídico.
En este sentido proponen mejorar la planificación y ejecución de proyectos, planteando que las alcaldías locales, a través de los Fondos de Desarrollo Local, envíen bimensualmente al IDU la lista de proyectos a ejecutar, permitiendo así una evaluación detallada de su viabilidad técnica y financiera antes de la asignación de recursos.
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Por otro lado, se destacó la necesidad de aprovechar temporalmente los predios desocupados del IDU durante la ejecución de obras, promoviendo iniciativas que transformen estos espacios en áreas de utilidad pública y convivencia ciudadana.
Desde el Concejo se hizo un llamado a la inclusión del sector privado en el desarrollo urbano de Bogotá, buscando alternativas de financiamiento innovadoras como Asociaciones Público-Privadas (APPs) y obras por impuestos, con el objetivo de ampliar las opciones de inversión en infraestructura y servicios públicos.
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