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Con estas capturas también se puede tener incidencia en la delincuencia en los municipios de Tolima de Lérida y Ambalema, teniendo en cuenta que los imputados estarían inmersos en hechos de violencia en estos territorios.
Una dependencia adscrita a la Unidad de Vida de la Fiscalía Seccional Tolima formuló acusación y obtuvo medida de seguro en un penal contra Álvaro Stevens Sánchez, de 22 años, y Kevin Steban Barreto Calderón, de 20, por el delito de homicidio agravado y fabricación de tráfico de o tenencia ilícita de armas de fuego, piezas o municiones que ninguno de ellos admitió haber cometido.
Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de la Policía Nacional realizó un operativo en simultáneo en los municipios tolimenses de Ibagué y Lérida, a través del cual lograron concretar sus capturas.
El Ministerio Público indica que son los presuntos autores de los hechos registrados el 10 de enero de 2022, en
en el distrito de Alaska de la capital del Tolima, cuando Juan Carlos Huertas Verdugo, conocido como «Brujo», fue asesinado a tiros en su domicilio y murió en el lugar debido a la gravedad de sus heridas.
Las actividades de investigación de la policía judicial del CTI llevaron a determinar que los imputados estaban detrás de los hechos, y que ambos habrían viajado desde Lérida a Ibagué para cometer el crimen contra alias “Brujo”, bajo la modalidad de sicarios que luego habrían entregado a huir
Cabe señalar que con estas detenciones no solo se persigue el caso concreto, sino también la criminalidad de otros municipios como Lleida y Ambalema, teniendo en cuenta que los asegurados a día de hoy estarían inmersos en otros hechos de violencia en estos municipios.
La fiscalía habla con resultados.
PAAM/VHGB/MCA/AMBV/DST
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La información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la narración de hechos objetivos de actualidad, proporcionados por los funcionarios encargados de realizar las investigaciones penales dentro de la Fiscalía General de la Nación. Al momento de la publicación de la presente comunicación, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 906 de 2004.
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