Garantizar los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad indígena Wayuukazo, le pidió la Procuraduría General de la Nación al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, luego que estos fueron desalojados por orden judicial el pasado 6 de marzo de un predio privado.
El órgano de control instó al ejecutivo distrital proteger sus derechos, especialmente de los niños, niñas y adolescentes quienes fueron sacados junto con sus padres de un predio que ocupaban desde hace varios años, ubicado a la altura del kilómetro 4 de la vía que del distrito de Riohacha conduce a la ciudad de Maicao.
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En desarrollo de una acción preventiva, la Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira pidió a la administración municipal adoptar las medidas de atención y protección de los integrantes de esa comunidad, especialmente niños, niñas y adolescentes, así como las personas de la tercera edad y madres gestantes, quienes hasta el momento no cuentan con un lugar apropiado para su reubicación.
El Ministerio Público solicitó a la administración distrital informar, además, si contaba con un plan previo establecido para atender y orientar a las 45 familias que fueron desalojadas, así como los lugares contemplados como posibles sitios transitorios donde puedan ubicarse.
