Varias dificultades atraviesa en estos momentos el aeródromo que desea construir la presidencia de la República en territorio guajiro, con el objetivo de potenciar el turismo y garantizar la conectividad de esta zona aislada. Este proyecto también busca cumplir con una orden de la Corte Constitucional que exige al Gobierno proteger los derechos de las comunidades indígenas en agua, salud y alimentación.
Aunque han pasado varios meses desde que el presidente Gustavo Petro anunció la construcción de un aeródromo internacional en la Alta Guajira, el proyecto aún no ha iniciado. Uno de los principales obstáculos ha sido la falta de acuerdos con las comunidades indígenas, quienes son propietarios de los terrenos identificados como adecuados para el aeródromo. Según la Aeronáutica Civil, la comunidad de El Paraíso, en Bahía Honda, sería la mejor ubicación, pero persisten desacuerdos con las comunidades indígenas.
La senadora wayuu Martha Peralta expresó a la revista Cambio, su preocupación por la falta de infraestructura básica en la región, como agua potable, energía y vías, y criticó que el proyecto ha avanzado sin la colaboración de otras instituciones clave. Peralta invitó a entidades como el DPS, MinVivienda y MinComercio a unirse para hacer del proyecto una iniciativa que visiona prosperidad para la comunidad de la etnia Wayuu.
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Según la Aeronáutica Civil, el costo del aeródromo se estima en 477.000 millones de pesos, gran parte destinada al transporte de materiales desde la ciudad de Cartagena y Barrancabermeja. La pista tendría entre 2.200 y 3.000 metros de longitud y sería apta para aviones tipo Charlie. Además, el Ejército Nacional participará en la construcción aportando maquinaria y personal, con un tiempo estimado que podría variar entre un año y medio a cuatro años.
El Gobierno ha resaltado la importancia de la consulta previa con las comunidades indígenas wayuu, que representan el 20 % de la población indígena de Colombia. Para avanzar, se ha invitado a Peralta a mediar en las negociaciones y facilitar acuerdos que permitan el acceso de ingenieros y la cesión de tierras. Sin embargo, la falta de claridad sobre el impacto social y los beneficios del proyecto genera incertidumbre en las comunidades locales.
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En el aspecto ambiental, CorpoGuajira asume que no se requiere licencia ambiental, ya que el terreno no afecta áreas protegidas. Sin embargo, será necesario tramitar permisos si se usan recursos naturales durante la ejecución.
A pesar de los retos, el Gobierno mantiene su compromiso con esta iniciativa, destacando su impacto potencial en el turismo y la economía de La Guajira, mientras busca cumplir con la sentencia de la Corte y mejorar la calidad de vida de las comunidades, en especial la etnia Wayuu.
