El próximo miércoles 25 de septiembre se vence el plazo para que el Senado y la Cámara de Representantes definan y avalen en primer debate el Presupuesto General de la Nación del 2025, en sus cuentas y gastos, o de lo contrario esta norma deberá regir por decreto, en un escenario cada vez más enredado por la falta de consensos con el Ministerio de Hacienda frente al dinero que piensa gastar el Gobierno el otro año.
Si bien los representantes y senadores de las comisiones económicas se vienen reuniendo desde hace más de dos meses, en el Legislativo no hay apoyo mayoritario frente a la solicitud de $523 billones que estipula el proyecto, ni con la ley de financiamiento que recaudaría los $12 billones que le hacen falta a esta proyección de gastos, por lo que insisten en la necesidad de bajar este monto.
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Sin embargo, entidades como el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación han dejado claro que esta plata se necesita para garantizar la inversión en las regiones más apartadas y la lucha contra la pobreza, razón por la cual, hacer recortes se traducirá en pérdida de crecimiento entre quienes hacen parte de este sector de la sociedad y brechas sociales.
De acuerdo con lo estipulado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, entre las fechas vigentes a cumplir, están el 25 de septiembre, límite para la aprobación en primer debate y el 20 de octubre, que es cuando ya se debe dejar listo y aprobado todo el proyecto para el 2025. Si esto se incumple por culpa del Gobierno, el Presupuesto se definirá tomando lo aprobado en el PGN vigente con ajustes por crecimiento económico y si la culpa recae en el Congreso, el Ejecutivo puede sacarlo por decreto.
Debate monto Presupuesto General de la Nación.
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Cabe recordar que el desacuerdo que sigue latente entre los congresistas y delegados de la Casa de Nariño, llevó a que el pasado 15 de septiembre se incumpliera el primer plazo, para que las comisiones económicas definieran el monto de gastos en el Presupuesto, por lo que se dejó esta tarea para la semana que está corriendo, pese a que eso abre riesgos de demandas de inconstitucionalidad.
Que se necesite el aval de las mayorías en las cuatro comisiones económicos en Senado y Cámara y que estos cuatro grupos no logren ponerse de acuerdo, ha generado un escenario complejo en el que cualquier iniciativa que se radique, relacionada con el Presupuesto, tiene una alta probabilidad de hundirse, tal y como se vio durante la sesión del pasado miércoles 11 de septiembre, que finalmente se tuvo que aplazar.
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Prueba de esto son las siete proposiciones que se radicaron para reducir este monto en ese instante, que si bien al final se hundieron, también sacrificaron la petición de la Casa de Nariño. Es por esto que el llamado urgente es a que prime el diálogo o de lo contrario todo se irá por decreto, generando un escenario que no le ayuda a la estabilidad fiscal de la Nación.
Presupuesto.
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Sea cual sea el camino que se tome, hay que destacar que Congreso y Casa de Nariño no logran ponerse de acuerdo y que mientras las comisiones económicas piden un recorte de al menos $12 billones, el presidente Petro y su equipo reiteraron que lo puesto sobre la mesa “no es producto del azar” y por tanto no se puede bajar, si se quiere garantizar el crecimiento económico y frenar la desaceleración.
Si dicho plazo no se cumple, el presidente Gustavo Petro quedará facultado para expedir un decreto que reglamente el gasto del otro año, aunque acá nuevamente hay dos interpretaciones, en las que por un lado dicen que se puede tomar los $523 billones en disputa y por el otro se advierte que hay que tomar la norma vigente como punto de partida, es decir, los $503 billones del PGN actual.
