Ante el imparable incremento de violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del proceso de paz en Colombia, el Colegio de la Abogacía Colombiana interpuso una acción de tutela desde el departamento del Quindío en busca de medidas concretas por parte del presidente Gustavo Petro para garantizar la seguridad de estos grupos vulnerables.
La acción legal, liderada por el abogado y exprocurador Ernesto Amézquita, solicita no solo un refuerzo efectivo en la protección, sino también el establecimiento de un subsidio económico equivalente a un salario mínimo y la creación de un seguro de vida para los líderes y sus familias. Estas medidas buscan mitigar el alto riesgo que enfrentan diariamente debido a amenazas, desplazamientos y atentados.
“Existen grandes índices de impunidad, pero no se han implementado medidas suficientes y eficaces para garantizar que Colombia sea una verdadera ‘Potencia Mundial de la Vida’. El río de sangre continúa”, expresó Amézquita, quien también fue candidato a la Gobernación del Quindío.
La tutela también pide al presidente, como jefe de las Fuerzas Armadas y máxima autoridad de inteligencia, priorizar la captura y sanción de los responsables de los ataques. Además, exige la modernización del sistema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), señalando que el botón de pánico es una medida insuficiente frente a las amenazas crecientes.
“El botón de pánico no es una herramienta seria. Mientras los sicarios portan armas modernas, los líderes apenas cuentan con esta medida ineficaz. Necesitamos un sistema de protección que realmente salve vidas”, enfatizó Amézquita.
Una realidad alarmante
Colombia continúa siendo uno de los países más peligrosos para quienes defienden los derechos humanos y la paz. La presencia de grupos armados y la falta de acciones contundentes han dejado a miles de líderes en una situación de vulnerabilidad extrema.
El Colegio de la Abogacía espera que el Gobierno Nacional adopte medidas urgentes para frenar esta ola de asesinatos y proteger a quienes, con valentía, promueven la justicia social y la paz en el país. Esta acción de tutela no solo busca una protección más efectiva, sino que exige respeto a los derechos fundamentales de los líderes sociales y sus familias, garantizando su seguridad y bienestar.
