Un fiscal especializado logró que un juez penal de Tuluá formulara medida de aseguramiento contra Jhon Edward Torres Yanten, alias Perro Lío, en establecimiento carcelario, luego de ser imputado con cargo por el delito de desplazamiento forzado agravado.
Alias Perro Lío, supuesto miembro de la estructura criminal Los Espartanos, es judicializado por hechos ocurridos el 15 de octubre de 2021 en el barrio Los Ángeles de Buenaventura, cuando en compañía de otros nueve integrantes de la estructura criminal, llegaron a una vivienda y de manera violenta abordaron a una adulta mayor de 87 años, para que les entregara las llaves de motocicleta de propiedad de su hijo, a quien calificaron de “sapo”.
Al revisar la vivienda encontraron un chaleco antibalas, elemento que le había sido entregado al hombre desde hacía 13 años por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Según la investigación, alias Perro Lío le habría dicho a la mujer que la familia, integrada por los padres y tres hijos de 23, 16 y 9 años, debía pagar $30.000.000 si querían permanecer en la vivienda. Además, profirió amenazas de muerte contra el padre, dándoles plazo de una semana para entregar el dinero.
La familia, ante las advertencias, decidieron no regresar a la vivienda, salir del barrio y de Buenaventura en calidad de desplazados.
El pasado 5 de abril de los corrientes, agentes de la Sijin de la Policía abordaron a Jhon Edward Torres, cuando se desplazaba por el barrio Popular del municipio de Tuluá (Valle), cumpliendo una orden emitida por un juez penal con control de garantías.
Durante las audiencias, el asegurado no se allanó a los cargos.
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JGPV/FAGH/LVB/DSV
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
