En el ojo del huracán se encuentra Alexandra Agudelo, secretaria de Educación en Medellín, que en las últimas horas presentó su renuncia. La funcionaria está siendo investigada por presuntas irregularidades en dos contratos de Buen Comienzo y alimentación escolar.
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De hecho, la ahora exsecretaria de Educación, está cobijada con la medida de casa por cárcel mientras continúa el proceso que lleva la jueza 39 Penal Municipal de Medellín.
El caso, además, trajo consigo varias críticas contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que ha defendido a Agudelo y asegurado que no se ha perdido ningún dinero.
“Quieren dañar todo lo bueno que hemos hecho por los niños en Medellín. La disminución de la desnutrición crónica, el aumento de la cobertura, la inversión en colegios, matrícula cero, los computadores, pero en especial el haber sacado a los corruptos que desangraban a Medellín”, manifestó Quintero.
Junto a ello, el Alcalde mostró unas conversaciones en WhastApp con Agudelo donde le dice que no debe renunciar y que en la apelación le van a dar justicia y la van a recibir como “héroe”.
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Quieren dañar todo lo bueno que hemos hecho por los niños en Medellín. La disminución de la desnutrición crónica, el aumento de la cobertura, la inversión en colegios, matrícula cero, los computadores, pero en especial el haber sacado a los corruptos que desangraban a Medellín. pic.twitter.com/RZtw4kT5bH
— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 21, 2023
En respuesta, Agudelo le agradeció pero dijo que lo más conveniente era renunciar. “Mi decisión fue seguir este camino, mas no el de mi familia y ella está muy afectada y me necesita”, escribió la exfuncionaria.
Y añadió: «Nunca pensé salir así de mi cargo. Fue un sueño que tuve en algún momento de llegar y me quedo con la convicción de que lo hice muy bien, eso nadie me lo va a quitar, ya me han quitado demasiado«.
De acuerdo con la Fiscalía los problemas se habrían dado en la contratación del programa Buen Comienzo que beneficia a los menores de edad entre 0 y 5 años de Medellín.
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El ente investigador asegura que los sobrecostos ascienden a los 2.000 millones de pesos entre los dos contratos. Los investigadores del caso pudieron establecer, a través de interceptaciones telefónicas, que en la sede del contratista Colombia Avanza, presuntamente, hubo una orden para desaparecer la contabilidad y los soportes que dan cuenta del contrato. Y a la Secretaría de Educación habrían remitido facturas globales sin los respectivos soportes de los subcontratistas.
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