Rafael Naranjo pidió rectificación
Por: Antonio Colmenares Martínez
Este artículo es la respuesta a la invitación que hizo el propietario de Naranjo Recycling, Rafael Naranjo y sus abogados para que este medio rectifique el contenido de una reciente publicación de El Extra, que como se verá se había quedado corta porque hay muchas fuentes periodísticas que confirman lo que se publicó
La forma como se adjudican en San Andrés los contratos para la chatarrización y recolección de residuos especiales, causó la necesaria observación periodística del historial de la empresa Naranjo Recycling y por esa razón el 12 de julio de 2024 este medio publicó una nota bajo el título de ‘Veeduría Heredad San Andrés señala presuntas investigaciones de la Fiscalía contra Naranjo Recycling’, en la que se dijo que: “En un artículo presentado por la veeduría Heredad San Andrés se registra presuntas investigaciones de la Fiscalía contra la empresa Naranjo Recycling, no solo por estar inmersa en un bloque de cinco mil contratos suscritos entre la gobernación del Archipiélago, con un monto superior a los 191 mil millones de pesos, sino también porque le quedó mal a la Dian que le dio un contrato para chatarrizar maquinaria y los esposos Naranjo, responsables de la empresa desintegradora, no ejecutó el objeto acordado.
El texto de Heredad dice que “evidenciamos, que Recuperaciones Naranjo Recycling es mencionada en el escándalo de los 5.000 contratos que suscribió la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por más de 191.000 millones de pesos. Esta firma aparece entre las que, según la Procuraduría, hacían parte de una nómina paralela que se habría organizado aprovechando la emergencia ocasionada por el Huracán Iota”.
Solicitud de rectificación
El artículo generó intimidación, amenazas y una exigencia de rectificación con fecha 18 de julio por parte de Rafael Naranjo y por esa razón se destaca en este artículo las fuentes y la observación que se hizo del historial de ejecutorias de la empresa Naranjo Recycling para escribir la nota del 12 de julio de 2024.
No es la primera vez que Naranjo amenaza porque ya en el 2022 anunció que demandaría al concejal de Medellín Daniel Duque.
Varios medios de comunicación, además de la Red de Veedurías de Colombia, desde hace algunos años, han venido informando sobre las ejecutorias de Naranjo Recycling y RYM SAS, que son prácticamente lo mismo y que en la actualidad tienen contrato con la gobernación del Departamento Archipiélago.
Aquí están algunas de esas observaciones periodísticas:
Red de Veedurías
En primera instancia el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, sobre este tema dijo en el 2023: “La Red de Veedurías de Colombia denuncia el cartel de la chatarrización por más de $720.000 millones, de la cual presuntamente haría parte Rafael Naranjo y su firma Unión Temporal RYM SAS, la cual habría sido autorizada ilegalmente por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Transporte para expedir los certificados de desintegración, con lo cual se habría desembolsado semejante suma de dinero.
Estas irregularidades se han presentado también en procesos de contratación a nivel nacional y a nivel territorial, como en el caso de Medellín, donde hay 50.000 vehículos para chatarrizar en el litigio”.
Surgen más interrogantes sobre el programa de chatarrización del Gobierno Nacional
Aunque en el programa no puede haber entidades bajo la figura de uniones temporales, actualmente la Unión Temporal Rym – S.A.S. está desintegrando vehículos.
El pasado jueves 31 de enero, W Radio publicó una denuncia acerca de una serie de millonarias irregularidades de la empresa Unión Temporal Rym – S.A.S., una de las entidades que lleva a cabo los procesos de desintegración de vehículos de carga en el programa de chatarrización del Gobierno.
En el marco de la investigación, este medio también pudo verificar que la forma en que se hizo la Unión Temporal Rym – S.A.S. no habría sido la correcta.
Según el artículo 50 de la Resolución 7036 de 2012, se establecen los requisitos que debe cumplir la persona jurídica para registrarse como entidad desintegradora autorizada y se estipula que no pueden haber uniones temporales dentro del programa, por el simple hecho de que esta figura no tiene persona jurídica. Esta situación de inmediato abre el interrogante acerca de por qué entonces se permitió que Unión Temporal Rym – S.A.S. actualmente esté desintegrando al interior del programa de chatarrización.
En este caso, Rym – S.A.S. fue el resultado de la unión entre la sociedad Recuperaciones Naranjo Recycling S.A.S. que cuenta con una participación del 70% y la empresa Haq Steel PVT Ltda. que tiene una participación del 30% en la desintegradora.
Al verificar más de cerca la norma, también se encuentra que la ley exige que para que una entidad pueda ser desintegradora, debe haber chatarrizado al menos 10.000 toneladas de hierro o acero durante el año inmediatamente anterior a la fecha en la que presenta su solicitud de aprobación ante el Ministerio de Transporte.
Al validar este punto, se encuentra que de las dos empresas que componen la Unión Temporal Rym – S.A.S., solamente Haq Steel PVT, presentó certificado de haber desintegrado las 10.000 toneladas exigidas.
Sin embargo, en los registros se encuentra que esta empresa se creó en la Cámara de Comercio el 9 de noviembre del 2015, entrando a hacer parte de la compañía Unión Temporal Rym – S.A.S. el día 17 de noviembre de ese año.
Esto abre otro interrogante acerca de si es posible que una empresa recién constituida pudiese chatarrizar 10.000 toneladas de material en cuestión de días, siendo este un proceso que normalmente toma meses.
Después del escándalo por el contrato de los pasaportes se enciende otro en la DIAN, por la chatarrización de los carros incautados
Después del escándalo por el contrato de los pasaportes se enciende otro en la DIAN, por la chatarrización de los carros incautados
La entidad a cargo de Luis Carlos Reyes Hernández pasó por encima de las advertencias de veedurías ciudadanas y de la misma Procuraduría, de suspender la subasta para evitar adjudicar el negocio a una empresa ampliamente investigada, que ya había engañado a la entidad.
Unidad de Justicia
Lunes, 11 de diciembre del 2023
La salida de Martha Lucía Zamora de su cargo como directora de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, permitió que saliera a flote otro escándalo: el posible mal manejo de la licitación para el contrato de los pasaportes.
La exfiscal Zamora encendió el ventilador, habló de posibles encuentros oscuros de funcionarios del Estado con interesados en el multimillonario negocio con la Cancillería. Críticos salieron a señalar que “parece que los grandes contratos de este Gobierno se están cerrando en el lobby de hoteles de Europa”.
Pero este no es el único escándalo, en ciernes hay otro que está a punto de explotar, el de los malos manejos en la concesión de contratos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Esta es la historia de un sospechoso movimiento. Toda vez, que por mucho que se hicieron las advertencias en la adjudicación del negocio para la chatarrización de miles de vehículos, con una ejecución de 4 años, Luis Carlos Reyes Hernández, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ordenó su aprobación.
La Unión Temporal RYM S.A.S., tal y como advirtió la Red de Veedurías de Colombia, terminó alzándose con el contrato. Se aprobó pese a que la Procuraduría advirtió que al parecer «hubo modificaciones en las reglas de pliegos afectando el deber de selección objetiva». Además, que se omitieron algunos requisitos, por el que se terminaría favoreciendo a este oferente. El Ministerio Público recomendó «revocar el acto de apertura».
EL HOME NOTICIAS tuvo acceso a la documentación del contrato CO1.PCCNTR.5458242, en el que se precisa que Rafael Naranjo es el proveedor o contratista. Este empresario arrastra una suerte de irregularidades, tales como el incumplimiento de este tipo de compromisos comerciales.
En el millonario negocio se establece que una de las partes es la funcionaria Cielo Alexandra Vega Navarro, subdirectora de Compras y Contratos, quien firma en representación de la entidad estatal, en este caso la DIAN.
EL HOME NOTICIAS insiste en que el contrato se establece con una unión temporal inmersa en causales de inhabilidades. Entre estas, que una de las empresas que componen la sociedad temporal no cuenta con la certificación del Ministerio del Transporte para chatarrización de vehículos. Además, que se usó un RUT de otra unión temporal (porque siempre se emplea el mismo nombre en toda convocatoria). El que se acabó de presentar aparece expedido en el 2015 y su objeto fue la desintegración de vehículos pesados, siendo que la UT que se quedó con el nuevo contrato es creada en el 2023, para desnaturalizar automóviles, vehículos livianos.
Aún hay más, que en el proceso de selección hubo extrañas maniobras, detectadas por la Procuraduría, como el cierre provisional de patios, hasta de un posible direccionamiento de la adjudicación. Lo más grave, las llamadas intimidantes por parte del empresario Rafael Naranjo, representante de RYM S.A.S. a los demás oferentes para quedar sin competencia en la subasta.
La Unión Temporal RYM S.A.S. es la misma protagonista del escándalo por posible corrupción en Medellín. Esta razón social es mencionada en la investigación de la Procuraduría, proceso en manos de la Delegada Disciplinaria de Instrucción 9, por presunto detrimento patrimonial.
Se trata del caso en el que la alcaldía de Daniel Quintero negoció la chatarrización de 50.000 vehículos en poder de la Secretaría de Movilidad de Medellín, por un valor inferior al 50% del mercado, una evidente disminución del patrimonio público.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de los funcionarios que suscribieron los documentos y estudios previos, que terminó en el dudoso contrato, con un solo proponente, además, el mismo que siempre figura en todas las convocatorias del Estado.
Además, de cómo en el proceso de selección se llegó a la instancia de ser Rafael Naranjo la única empresa habilitada, las demás fueron descalificadas por dos ministerios.
Lo que ocurrió en Medellín es ya un modus operandi, que las empresas en este mercado son inhabilitadas, sacadas de la competencia, y al final el único oferente o proponente es RYM S.A.S., cuya empresa matriz es Recuperaciones Naranjo Recycling S.A.S.
Es la misma, que por años ha dominado el gigante negocio de la chatarrización y de los remates de entidades como la misma Fiscalía General de la Nación (contrato de chatarrización en 2016) y el Ministerio de Defensa Nacional.
Un ejemplo reciente, es que esta es la misma sociedad, propiedad de una pareja de empresarios, la que terminó siendo única oferente en un millonario contrato de chatarrización que otorgó el Ejército Nacional. Por este extraño dominio en el nicho de la desintegración vehicular es que Rafael Naranjo termina siendo apodado como ‘el zar de la chatarrización en Colombia’.
Es más, la Red de Veedurías denunció la existencia de un posible ‘cartel de la chatarrización’, en el que estarían involucrados funcionarios públicos, que terminan manipulando los procesos para terminar favoreciendo a Rafael Naranjo y sus empresas.
En este cartel hasta figuran generales de la Policía Nacional, tengamos en cuenta que esta institución es la que mayor cantidad de contratos le aporta a Recuperaciones Naranjo Recycling.
Cabe mencionar, que la organización sindical Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera, que representa a los principales gremios y asociaciones del sector transportador, denunció en el 2018, ante el entonces presidente Iván Duque, que la Unión Temporal RYM S.A.S. no cumplía con los requisitos de ley del Ministerio de Transporte.
No obstante, esta misma firma ha continuado manejando el suculento negocio a sus anchas, sigue siendo la que se queda con todas las licitaciones y subastas.
Evidenciamos que Recuperaciones Naranjo Recycling es mencionada en el escándalo de los 5.000 contratos que suscribió la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por más de 191.000 millones de pesos. Esta firma aparece entre las que, según la Procuraduría, hacían parte de una nómina paralela que se habría organizado aprovechando la emergencia ocasionada por el Huracán Iota.
Lo más grave de todo esto, es que Recuperaciones Naranjo Recycling, con sede en Cartagena, cuya representante legal es Martha Cecilia García, esposa de Rafael Naranjo, es investigada por la Fiscalía, pesquisas que inició la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), por no chatarrizar los vehículos sino que los vendió. Una mala calificación por incumplimiento.
La investigación arrancó en el 2019, por un contrato que la DIAN le otorgó a los esposos García y Naranjo (los mismos de RYM S.A.S. y Recuperaciones Naranjo Recycling) para desintegrar varias retroexcavadoras, cargadores, montacargas, motores y otros vehículos incautados a los mineros ilegales.
Por este mismo caso 11 funcionarios de la DIAN fueron enviados a la cárcel, sin embargo, la principal protagonista de este caso de corrupción: Recuperaciones Naranjo Recycling no ha pagado por su delito, todo lo contrario, acaba de ser premiada por la misma entidad concediéndole por cuatro años otro millonario contrato, la desintegración de miles de vehículos, que pagará según su conveniencia.
Lo que más llama la atención en todo esto, es que el director de esta entidad del Estado, Luis Carlos Reyes Hernández, tuvo conocimiento de los pésimos antecedentes de Naranjo y su familia empresarial (tenemos en nuestro poder una carta con las alertas que fue remitida a su nombre) pero pasó por alto las múltiples advertencias, entre estas la de la Procuraduría, permitiendo otro movimiento criminal del llamado ‘cartel de la chatarrización’.
En este jugosísimo contrato la DIAN ha buscado desdibujar, ocultar la verdad, del verdadero objetivo de un multimillonario negocio para los siguientes cuatro años.
De acuerdo con los denunciantes, se hace para evitar exigir a la cuestionada Unión temporal RYM S.A.S. o Recuperaciones Naranjo Recycling, la presentación de la certificación del Ministerio de Transporte para la chatarrización de vehículos. Se sabe que no tiene licencia para hacerlo.
Desde un principio se ha dicho que el objeto del contrato es la venta por peso de chatarra (material ferroso y de cualquier tipo de metal) que resulte del proceso de chatarrización de las mercancías que para tal efectos le sean entregadas por la DIAN.
No se dice, que el 95% de esta mercancía tiene que ver con la desintegración de los vehículos anclados en los parqueaderos de la entidad. Si hay una chatarrización.
Sin embargo, en las cláusulas del contrato se habla que es «una venta bajo condición suspensiva, que depende de la existencia del material resultante de la desintegración, desnaturalización o chatarrización».
Esto quiere decir, que Naranjo recibirá los vehículos, con la obligación de garantizar la custodia de los mismos durante el transporte y tenencia, y después de chatarrizarlos es que se hace efectiva la venta apenas se pese el material resultante. Solo pagará por el material ferroso, es decir, que los otros elementos de los vehículos no tienen ningún valor.
Más claro, que la DIAN le otorga la buena fe a los dueños de Recuperaciones Naranjo Recycling para que se lleve los vehículos, otras maquinarias, y después informe cuánto material ferroso resultó del proceso de desintegración, para determinar cuánto vale, teniendo en cuenta que el kilo se pactó en 1.764 pesos. ¿No será esto otro detrimento de los recursos públicos?
RCN Radio
Se habrían expedido más de 6.000 certificados de chatarrización ilegales.
La Red de Veedurías de Colombia Red denunció la existencia de un presunto ‘cartel de chatarrización de vehículos’ que estaría operando en procesos que adelanta la Alcaldía de Medellín y la Dian entre otras entidades, por más de 700.000 millones de pesos.
Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, indicó que uno de los oferentes ese proceso de desintegración vehicular es la Unión Temporal Rym SAS, la cual lidera ese mercado habilitado por los ministerios de Transporte y Ambiente.
De acuerdo con las denuncias, dicha unión temporal estaría ilegalmente habilitada para participar en ese proceso, ya que no contaría con una persona jurídica y por ende, no contaría del certificado de existencia y representación legal para inscribirse y expedir los 6.500 certificados de desintegración física de vehículos que emitió y que generó el desembolso de más de $720.000 millones.
Bustos aseguró que en esos hechos habrían participado algunos funcionarios de los ministerios de Ambiente y Transporte.
«Lo ilegal, asombroso y grave, es que sin cumplir el requisito mínimo habilitante de ser persona jurídica, pues según la ley y la jurisprudencia: “la unión temporal no es una persona jurídica”, se han han pagado irregularmente incentivos por chatarrización más de $720.000 millones por cerca de 6.500 vehículos chatarrizados, cada uno con un incentivo promedio de $100 millones de pesos, con fundamento en las certificaciones de desintegración expedidas por la UNION TEMPORAL RYM SAS», dijo.
Agregó que «así las cosas, tales pagos irregulares se han efectuado, entre muchos otros, dentro del programa de Modernización del parque automotor de carga auspiciado por el Gobierno Nacional, y a través del Fondo de Reposición Vehicular. La UNION TEMPORAL RYM SAS ha venido siendo contratada indistintamente de manera continua en estado de abierta ilegalidad continua por más de siete años, desde su creación en febrero del 2016», .
Finalmente, la Red de Veedurías de Colombia (Red-Ver) le pidió a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría General, que adelanten las investigaciones correspondientes para esclarecer esos hechos.
«Que se pronuncien frente a tamañas inobservancias legales, y se adopten los correctivos y sanciones a que haya lugar», concluyó.
Red Prensa Barranquilla
¿Cartel de la chatarrización? Min ambiente y Unión Temporal Rym SAS bajo la lupa
El Ministerio de Ambiente y la Unión Temporal Rym SAS se encuentran bajo la lupa de RED VER debido a acusaciones de corrupción en el proceso de chatarrización de vehículos.
Bogotá – El Ministerio de Ambiente de Colombia se encuentra bajo la lupa de la opinión pública debido a graves acusaciones que sugieren su implicación en el denominado «cartel de la chatarrización». Estas denuncias, que también involucran al Ministerio de Transporte, señalan presuntas irregularidades en la Certificación Ambiental de la Unión Temporal Rym SAS, una firma que, alarmantemente, no posee el estatus de persona jurídica, un requisito legal fundamental para su registro y habilitación en el proceso de chatarrización. Esta empresa es propiedad de Rafael Naranjo.
Sospechas en torno a funcionarios del Ministerio de Ambiente
Las acusaciones se centran en Mario Orlando López Castro, funcionario del Ministerio de Ambiente, quien al parecer habría prevaricado por acción al intentar avalar a la Unión Temporal Rym SAS con un documento oficial, alegando que la entidad estaba sujeta a los términos legales vigentes.
Estas acciones habrían permitido la operación de la Unión Temporal de manera ilegal, a pesar de las continuas y múltiples denuncias al respecto.
RED VER alza su voz contra la corrupción
La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia (RED VER) ha levantado su voz ante lo que considera un posible entramado de corrupción relacionado con la chatarrización de miles de vehículos, tanto en la Alcaldía de Medellín como en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Estas denuncias han puesto la mira sobre Luis Carlos Reyes Hernández, director de la DIAN.
La Unión Temporal RYM S.A.S., propiedad de RAFAEL NARANJO, se convierte en el epicentro de las denuncias realizadas por la RED DE VEEDURÍAS DE COLOMBIA. Pablo Bustos, presidente de esta organización, afirma que esta Unión Temporal estaría «ilegalmente habilitada» al carecer del certificado de existencia y representación legal, un requisito indispensable para su habilitación. Además, se mencionan otros incumplimientos ambientales.
Se alega que esta Unión Temporal ha recibido irregularmente incentivos por chatarrización por más de $720 mil millones, con la aprobación de los Ministerios de Transporte y Ambiente, lo que ha inducido a error a otras entidades nacionales, como la DIAN, la Fiscalía, la Defensa Civil y la Escuela Militar de Aviación, en procesos de contratación estatal, incluyendo el de la DIAN.
El «Zar de la chatarra»
Se ha revelado que Naranjo Pérez participó en la subasta de la DIAN con la misma unión temporal con la que ganó el cuestionado contrato en Medellín. Este hecho es irregular ya que las uniones temporales no tienen personería jurídica.
Para corregir esta situación, Naranjo Pérez creó otra unión temporal con el mismo nombre, RYM S.A.S., pero incluyendo como socio a la Unión Temporal HAQ STEElS PVT S.A.S., que también está inhabilitada. Finalmente, la DIAN habilitó a la Unión Temporal SCT MERL S.A.S. para competir en la subasta, donde ambas empresas presentaron ofertas idénticas de aproximadamente 1.580 pesos por kilo de chatarra, resultando en un empate.
Denuncia de Precios Irregulares
El proceso de subasta pública (SAEBSU-00-002-2023) de la DIAN busca vender chatarra y vehículos en proceso de desintegración. Sorprendentemente, la Unión Temporal RYM S.A.S. está a punto de adjudicarse este negocio, a pesar de estar involucrada en investigaciones de la Procuraduría y la Fiscalía, cabe resaltar que la preocupación señalada, es que este es un proceso es muy similar, al caso tan mencionado de chatarrización de Medellín, que tiene unos visos de un presunto pliego sastre, en el cual la firma quedó como único oferente, y esta pagó solo 98 pesos por kilo de chatarra, muy por debajo de su valor real, lo que generó una denuncia contra el alcalde Daniel Quintero.
Denuncias y Audio Comprometedor
En un giro inesperado, todos los oferentes fueron inhabilitados en la DIAN, salió a la luz un audio en el que Rafael Naranjo Pérez, propietario de la Unión Temporal RYM S.A.S., intenta intimidar a un proponente para eliminar la competencia y quedar como el único oferente.
Ante estas graves denuncias, la RED DE VEEDURÍAS DE COLOMBIA solicita que las autoridades pertinentes, como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, se pronuncien sobre este presunto entramado ilegal que ha involucrado a la Unión Temporal durante más de siete años desde su creación en febrero de 2016. La necesidad de una investigación exhaustiva y la rendición de cuentas son imperativas en este caso.
Hay muchas publicaciones más, pero lo importante es que El Extra no es el único medio que toca el tema porque ante el historial de ejecutorias de Naranjo Recycling este medio debe, por responsabilidad social, informar sobre este historial por que se trata de una contratación para la chatarrización y recolección de residuos especiales con importantes recursos que en últimas son dineros que pagan los isleños en impuestos y de acuerdo con la opinión de la comunidad sanandresana ese objetivo de los contratos no se ha cumplido a cabalidad.
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