El Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, presentó los principales hallazgos a la fecha por parte de los agentes interventores en tres de las EPS que actualmente han sido intervenidas: Sanitas, Nueva EPS y S.O.S EPS.
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Según explicó en el caso de Sanitas, el interventor encontró gastos al cierre de la vigencia 2023 por $104.226 millones en operación de centros médicos. Pero ese tipo de inversiones las debe hacer la misma institución prestadora de servicios de salud (IPS) y no la EPS. “Mucho menos cuando esos centros médicos pertenecen al mismo conglomerado. Esto, es lo que se conoce como integración vertical, puesto que se estaban asumiendo gastos que no corresponden a las IPS a las cuales ya se les estaba pagando por la atención de pacientes”, señaló Leal.
El informe del interventor refiere la firma de múltiples contratos sin una finalidad específica o algún tipo de beneficio para Sanitas.
De otra parte, el supersalud asegura que no se detalla la distribución de la población afiliada en la red de servicios de salud de Sanitas, la oferta actual de servicios, la capacidad instalada de los prestadores, ni las brechas en la oferta de servicios. “Además, falta el análisis de las condiciones sociales, económicas y de calidad de vida, la descripción de patologías de alto costo, los programas de intervención y la implementación de criterios para la priorización”.
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Según la entidad de vigilancia y control, esta situación no es menor, puesto que puede afectar la capacidad de la EPS para responder adecuadamente a las necesidades de sus afiliados y mejorar la calidad y eficacia de la atención en salud.
Asimismo, el interventor informó que Sanitas EPS firmó un contrato con una cláusula de exclusividad en favor de la contratista que impide a la EPS el suministro, dispensación o abastecimiento de medicamentos a sus afiliados directamente o mediante otros proveedores, salvo que la contratista lo permitiera de forma transitoria.
No obstante, en el mismo contrato se definió la posibilidad de subcontratar con otros operadores. “La operación del contrato, incluyendo la cesión del recaudo de copagos y cuotas moderadoras. Lo anterior conlleva que la EPS Sanitas se encuentra limitada en su capacidad de operar y gestionar la distribución de medicamentos e insumos médicos”, resaltó Leal Angarita.
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EPS Sanitas.
De acuerdo con la Supersalud al momento de la toma de posesión de la EPS, se hallaron 12.645.762 registros de facturas radicadas en proceso de auditoría por valor de más de $4,4 billones, estas obligaciones no fueron incluidas en los estados financieros que acumulan un valor de $5,7 billones de acuerdo con lo encontrado por la firma contralora. Según la entidad de vigilancia y control, la aparición de estos registros multiplica la deuda de esta EPS.
El interventor indicó que la EPS hacía pagos a los prestadores de servicios de salud; sin embargo, desconocía si estos estaban o no prestando verdaderamente la atención, puesto que no pedía reportes, especialmente en lo concerniente a la promoción y prevención en materia de salud.
Trás la entrevista con El Tiempo, se generó una polémica, ya que Leal Angarita afirmó: “En cuanto a Nueva EPS, vemos con preocupación que durante años atrás se escondieron muchas facturas que no se reportaron al sistema de salud y el pasivo del que tenía conocimiento la Supersalud antes de la intervención, que era de $500.000 millones. Era una cuantía mínima con respecto al pasivo real de muchas facturas que no estaban presentadas”.
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Nueva EPS
Según el informe de la Supersalud, una de las observaciones más significativas por parte del agente interventor de la EPS S.O.S tendría relación con el riesgo de la EPS en la concentración del nivel primario en cabeza de un prestador (Comfandi) que además tiene la condición de vinculado, lo que hace y hará más difícil su evaluación de eficiencia.
“Para los contratos PGP suscritos con la prestadora Comfandi, se determinó una baja ejecución durante el período agosto 2023 y marzo de 2024 del 82,35%, lo que equivale a $19.629 millones, además de bajos desempeños en los períodos anteriores de las vigencias contractuales, sin haberse realizado los recobros correspondientes”, indicó Leal.
Sobre los recursos a recobrar por servicios prestados por otras IPS y que estaban con cargo al contrato de PGP, la Supersalud aseguró que existe dificultad de realizarlo por inconsistencias en el contrato actual.
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EL TIEMPO
