Hoy jueves se cumplen 10 días desde que los jóvenes guajiros pertenecientes a Juventud Diverso, protestan ante el Gobierno Nacional utilizando el mecanismo de huelga de hambre, siendo esta la segunda vez que han decidido reclamar los derechos que le asiste a este Departamento y a su gente.
Los jóvenes protestan porque no quieren que mueran más niños en La Guajira, que se cumpla con la sentencia T-302 de 2017, que los habitantes tengan acceso al agua potable, que construyan vías terciarias, que durante el mes la gasolina sea subsidiada; en fin, que el Gobierno Nacional llegue a la Península.
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La anterior protesta inició el 1 de julio, día en que el departamento cumplía años y permanecieron sin alimentarse 20 días, solo hidratándose con suero y agua. Se levantó después de conformarse 10 mesas con funcionarios del Gobierno Nacional, pero sus propuestas no fueron convincentes para los jóvenes y además, funcionarios que no tenían poder decisorio.
Se ha conocido que el viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Carlos Alberto Baena López, afirma que no negociará bajo presión y la decisión de los huelguistas es de continuar con sus requerimientos.
En esta situación, aparece la Veeduría Ciudadana T302/2017 como un salvavidas, quien a través del economista, Cesar Arismendi Morales pide acompañar a los jóvenes para que se les cumpla con sus peticiones, es decir, que a La Guajira se trate con igualdad como a otras regiones de Colombia.
En ese sentido, se le solicita acompañamiento a la secretaría de Salud para hacerle seguimiento médico a los huelguistas; igualmente, a la Defensoría del Pueblo, para que garanticen los derechos individuales y colectivos de los jóvenes, frente al desarrollo de la protesta pacífica.
También se pide que exista un diálogo directo con funcionarios de la Alcaldía de Riohacha, y la Gobernación de La Guajira, que permita la construcción de una ruta posible para la retoma de las mesas de trabajo con los jóvenes en huelga de hambre.
Asimismo, se le recuerda al ministerio del Interior y demás entidades responsables que las 10 mesas de trabajo quedaron inconclusas, no se pudo continuar por culpa de los delegados que vinieron de la capital de la República. Hoy se requieren funcionarios que tengan autonomía y que permanezcan el tiempo dure el proceso.
Finalmente, la Veeduría Ciudadana T302/2017 pide el acompañamiento monseñor Francisco Ceballos, Obispo de la Diócesis de Riohacha, en representación de la Iglesia Católica, Naciones Unidas y Human Rights Watch, como veedores en el acompañamiento de los acuerdos y trabajo que se desarrollen entre los jóvenes y las entidades del gobierno.
