Tras el asesinato del periodista, Rafael Moreno Garavito, las víctimas de la violencia y líderes sociales en Córdoba reclamaron del Estado garantías de seguridad, revisar y reforzar esquemas de protección.
Al concluir la segunda sesión del Plan de Mando Unificado (PMU) por la Vida, se priorizó como municipios piloto a Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta, Montelíbano y Valencia. En ese escenario se establecieron algunos compromisos de prevención para evitar acciones contra los líderes y lideresas amenazados.
El secretario del Interior de Córdoba, Jairo Baquero Puentes, manifestó que la sociedad civil había solicitado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) ajustar algunos procedimientos referentes al arreglo de los vehículos en los que se desplazan en sus zonas y el suministro de combustible.
De igual forma, las víctimas solicitaron más esquemas de seguridad para nuevas personas amenazadas y para quienes aún no se los han asignado.
En el marco de la intervención, donde participaron defensores y organizaciones de los DDHH del orden nacional e internacional, así como los firmantes del acuerdo de paz, entre otros miembros de la sociedad civil, Baquero Puentes lamentó el asesinato del periodista y líder de Puerto Libertador, Rafael Moreno, ocurrido en el sur de Córdoba.
Por su parte, la subdirección Nacional de la UNP les comunicó que se hará un CEREM Nacional en Montería el próximo 4 de noviembre, con el fin de escuchar sus inquietudes y dar solución a las mismas de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad.
Todos los casos serán valorados y rápidamente se tomarán decisiones por parte de la Unidad Nacional Protección.
El Cerem es el órgano colegiado articulado por el Ministerio del Interior, donde se analizan los casos para adoptar medidas de protección a quienes se presume han sido amenazados.
