En medio de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia, para supervisar la crítica situación de orden público que se vive en el país desde el 28 de abril, cuando comenzó el Paro Nacional más extenso e importante que ha ocurrido en las últimas décadas en el país, la organización Human Rights Watch dio a conocer un alarmante balance.
«En reiteradas ocasiones los policías han dispersado manifestaciones pacíficas de manera arbitraria y empleado la fuerza de forma excesiva, y a menudo brutal, incluso mediante el uso de municiones letales», menciona el informe de la HRW, que da cifras contundentes, pues apunta a que al menos 20 de 34 muertes confirmadas en el contexto de la protesta fueron causadas a manos de policías.
De estos 34 muertos 31 son manifestantes, atacados de manera letal en: Bogotá, Madrid (Cundinamarca), Ibagué, Pereira, La Virginia (Risaralda), Cali, Tuluá (Valle del Cauca), Yumbo (Valle del Cauca), Popayán y Villagarzón (Putumayo). También hay dos policías asesinados en Soacha (Cundinamarca) y Cali, así como un investigador judicial, en Cali.
Personas armadas vestidas de civil también han atacado a manifestantes y han causado la muerte de por lo menos cinco de ellos».
Human Rights Watch
La organización de raíz estadounidense dice que obtuvo «evidencias creíbles que indican que la policía mató al menos a 16 manifestantes o transeúntes con municiones letales disparadas con armas de fuego. En la gran mayoría de estos casos, las víctimas tenían heridas de bala en órganos vitales, como el tórax o la cabeza, lo cual, según aseguraron autoridades judiciales a Human Rights Watch, es consistente con que hayan sido causadas con la intención de matar».
En cuanto a los otros cuatro muertos, «al menos una víctima más murió por golpizas y otras tres por uso indebido o excesivo de gases lacrimógenos o aturdidoras», dijo en su completo informe la HRW, que para sacar sus conclusiones investigaron con «víctimas, sus familiares y abogados, testigos presenciales, funcionarios judiciales, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y defensores de derechos humanos».
También consultaron a «la vicepresidenta de Colombia, quien también es la canciller; el director de la Policía; el fiscal general; y el director de la justicia penal militar». También se consultaron «registros policiales y médicos, necropsias, fotos y videos de las víctimas, publicaciones de organizaciones de derechos humanos e informes de prensa».
Pero incluso la cifra de personas muertas podría ser mucho mayor, pues la «Human Rights Watch ha recibido denuncias creíbles sobre 68 muertes ocurridas desde el comienzo de las manifestaciones». Estas han sido denunciadas por diversas organizaciones, como Temblores y Defender la Libertad.
Ante este crítico panorama la HRW hace un llamado: «el Gobierno de Colombia debería tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos e iniciar una reforma policial profunda para garantizar que los agentes respeten el derecho de reunión pacífica y los responsables de abusos sean llevados ante la justicia».
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