Este sábado se inició en Riohacha la etapa de diálogos sociales para diseñar la Transición Energética Justa, con la participación de comunidades territoriales y étnicas, autoridades locales y regionales, gremios, usuarios, académicos, organizaciones sociales, y otros actores sociales del departamento de La Guajira.
El objetivo del encuentro es presentar el estado actual del sistema energético colombiano, la regulación vigente y el contexto técnico, económico, social y político para la Transición Energética Justa, y recoger de las comunidades y otros participantes, las expectativas, las problemáticas y propuestas de lo que debe ser el proceso de transición, atendiendo a las características de cada territorio.
En particular, conforme a los datos del Ministerio, el departamento de La Guajira aporta el 36 % de la producción carbonífera nacional. Solo en este año (2002) el departamento según el mapa de inversión de regalías invirtió más de 600 mil millones de pesos en proyectos sociales. Sin embargo, también se reporta que más de 66 mil usuarios no cuentan con el servicio de energía eléctrica en el departamento. Esto representa el 30% de los usuarios según el último censo del Dane.
En ese sentido, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, manifestó que “aunque La Guajira ha sido un territorio rico en recursos fósiles, también ha recibido los impactos derivados de la minería de carbón, y reconocerlo nos permite saber qué es lo que debemos corregir a futuro”.
“Por eso, sabemos que los proyectos de energía eólica y de parques solares deben asegurar que se hacen con máxima seguridad ambiental y con reconocimiento de las particularidades culturales del territorio y con un principio de responsabilidad social”, añadió la Ministra.
Irene Vélez dijo que, atendiendo al problema de la ‘pobreza energética’ que viven muchas comunidades que habitan en zonas no interconectadas, el Ministerio quiere implementar el modelo de las comunidades energéticas que cuenten con “microrredes que permitan más estabilidad en el sistema eléctrico en esas zonas”. “Es la posibilidad de que las comunidades sean copropietarias o propietarias de los sistemas de generación de energía”, explicó.
La congresista también expresó la necesidad de lograr la reconversión laboral para los trabajadores de las empresas que explotan actualmente combustibles fósiles, para que puedan ser la fuerza laboral en una nueva economía.
En representación de las comunidades afro del municipio de Barrancas, la líder Yamelis Molina pidió que en la hoja de ruta de la transición “incluyan a las comunidades, que concierten con nosotros, con proyectos participativos y que la energía que producimos aquí también sea para nosotros”.
José Ceferino, miembro del Movimiento Cívico por la Defensa de Riohacha, dijo que las organizaciones sociales están revisando cómo los nuevos proyectos de generación de energía solar o eólica pueden afectar o beneficiar a las comunidades, “estamos revisando qué de los que nos perjudica debemos corregir y qué de lo que nos beneficia debemos incrementar”.
