A pesar de los anuncios hechos por el actual gobernador Everth Hawkins Sjogreen, desde los primeros meses de su periodo, el Tropical Park es un sitio olvidado y la administración no obstante de su ‘olvido’, debe construir un parque tal como lo ordenó el Tribunal.
Desde luego que ya para esta administración de Hawkins existe la limitante del tiempo, pero para el nuevo gobernador esta es una tarea que debe cumplir y que le agradecerán los habitantes de la isla, pero de manera especial los turistas que encontrarían en San Andrés un nuevo gran atractivo.
Deprimente
Lo que hay en este momento en ese lugar privilegiado de cara al mar, es deprimente, la maleza cubre algunos de los senderos construidos en concreto y que es de las pocas cosas allí que se salvan, incluyendo una pista de patinaje que aunque sirve para la preparación de niños y jóvenes en esa disciplina, carece de especificaciones técnicas.
Hay vestigios de las máquinas para la preparación física que confirmaban varios puntos de gimnasio público, importante para la comunidad, pero de lo que no queda sino un recuerdo
confirmado por pequeños restos oxidados.
Investigación que no avanza
Es verdad que a la administración le corresponde hacer un parque real, útil, funcional, atractivo, temático, si se quiere, pero la investigación sobre las responsabilidades que tienen quienes debe responder por recursos que jamás se invirtieron.
Hay información sobre las evidencias de malos manejos de recursos en la ejecución del proyecto ‘Tropical Park’ y tiene que ver con la imputación de cargos a un particular y tres exfuncionarios de la secretaría de infraestructura por, presuntamente estar “implicados en hechos de corrupción relacionados con la construcción del complejo recreo deportivo conocido como Tropical Park”, según informó la Fiscalía en agosto del 2023.
¿Pero qué pasó con la investigación inicial?
El 16 de noviembre de 2020, en audiencia virtual, el Juzgado Primero Penal con función de Control de Garantías, citó a audiencia de imputación de cargos a Ninosthka Hudson – exsecretaria de Infraestructura-, Paola Andrea Toro, – exsecretaria de Turismo, Alejandro Lozano Bowie, – exsecretario de Infraestructura, Paulo César Huertas, Andrés Sanmiguel Castaño y Moisés Francisco Araujo, por los presuntos delitos de Contrato sin cumplimiento de requisitos legales y Peculado por Apropiación, con referencia al contrato del proyecto Tropical Park, que comprometió recursos por una cifra superior a trece mil millones de pesos.
Se destaca que Andrés Sanmiguel Castaño, implicado en el caso de corrupción cometido por Odebrecht y quien es el contratista firmante del contrato del Tropical Park.
Nuevos implicados
En la información emitida por la Fiscalía en agosto, se nombra a los ingenieros Sheena Pérez Livingston, Deisy Linn Cantero Manuel, José María Mejía Rubio y el empleado de una
empresa de aseo, Marco Walters Jessi.
Recuerda la Fiscalía que los hechos investigados ocurrieron en 2017 cuando al parecer los procesados omitieron su deber de vigilar y supervisar el adecuado destino de los recursos dispuestos para la construcción del complejo Tropical Park. La obra estaba a cargo del consorcio del mismo nombre.
“Al parecer, los procesados omitieron su deber de vigilar y supervisar la destinación de los recursos públicos, generando un detrimento patrimonial de 89 millones de pesos, pues la obra no se terminó en su totalidad”, dice la Fiscalía.
Lo cierto es que Pérez Livingston, Cantero Manuel y Mejía Rubio fueron imputados como posibles responsables del delito de peculado por apropiación en favor de terceros.
Falsificación de firma
En cuanto a la investigación en contra de Walters Jessi, el ente acusador evidenció que habría falsificado la firma del representante legal de su empresa para justificar el cobro de 627 millones de pesos como pago por el traslado de escombros y elementos residuales desde la obra, hasta el sitio conocido como Magic Garden. El material de prueba da cuenta que esta gestión nunca se realizó. Walters Jessi, es investigado por falsedad en documento privado. Ninguno de los investigados aceptó su responsabilidad frente a los cargos que imputó la Fiscalía.
Para colmo de las ‘curiosidades’ sobre este proyecto, la obra fue recibida oficialmente, a satisfacción, por la gobernadora encargada Toney Gene Salazar.
