Declaran negadas las pretensiones del contralor general de La Guajira, José Manuel Moscote Pana, quien impugnó la tutela fallada por el Juzgado Segundo penal municipal de Riohacha, que encontró que evidentemente hubo violaciones al debido proceso y la defensa en una auditoría ordenada por el contralor para varios periodos administrativos de la alma máter.
Moscote Pana debía auditar desde el 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre de 2019, atendiendo una denuncia ciudadana, la 04 de 2020, donde se anunciaban probables irregularidades en la universidad.
En ese sentido, José Manuel Moscote Pana requería atender la solicitud de la Contraloría General de la República, que encomendó a la Regional de La Guajira a realizar una auditoría gubernamental con enfoque integral, modalidad especial, al claustro de educación superior de mayor importancia en La Guajira.
El contralor para realizar ese trabajo delegó a los funcionarios Alexander Guerra, Olga Iguarán y Hernán Lucila Castillo. Para cumplir con esa misión, la Contraloría adolecía de algunos elementos que no satisfacieron al jefe del ente de control.
Igualmente, precisó que, los auditores de la UniGuajira se negaban a entregarle el resultado del trabajo y por eso, José Manuel Moscote Pana, se vio precisado a encargar el trabajo a dos funcionarios más, pero el rector Carlos Robles no estuvo de acuerdo, pues argumentaba que esa actividad había sido desarrollada por sus funcionarios.
Ante la circunstancia, el rector, Carlos Arturo Robles Julio impetró una tutela donde argumentó violación al debido proceso y otra vulneración a sus derechos legales y el Juzgado Segundo Penal municipal, le concedió el derecho.
Impugnada, subió entonces al Juzgado Primero Penal del Circuito de Riohacha, donde la titular del despacho estuvo de acuerdo en todas las decisiones tomadas por el Primero Penal Municipal.
Nuevamente se impugna y pasa al Tribunal Superior del Distrito de Riohacha, despacho que con la ponencia del magistrado Lubin Fernando Nieves Meneses, decidió este jueves ratificando la decisión tomada por los dos despachos anteriores y dejando sin validez la designación de los nuevos auditores que en criterio de los jueces, no estaban envestidos del respaldo legal para desarrollar el trabajo.
