La contundencia del material probatorio aportado por un fiscal de la Seccional Chocó permitió que el exdirector de Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) Jesús Lacides Mosquera Andrade, y tres personas más fueran judicializadas como presuntos responsables de cometer delitos sexuales contra dos niñas.
Además de Mosquera Andrade fueron procesados Celestino Sánchez Serna; Digna Chamorro Lagarejo, y su sobrina de esta identificada como Sandra Patricia Palomeque Mosquera.
Según la investigación, liderada por un fiscal del Centro de Atención a Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), Digna Chamorro se habría aprovechado de las precarias condiciones económicas de un par de familias para ofrecerles su apoyo en la manutención y cuidado de dos niñas de 10 y 11 años.
Las pruebas recaudadas evidenciaron que la mujer ubicó a Mosquera Andrade y a Celestino Sánchez a quienes les habría ofrecido tener relaciones sexuales con las dos menores de edad, a cambio de dinero. Palomeque Mosquera, por su parte, habría presionado a las víctimas para que no se resistieran a las agresiones.
Pasados algunos días, la mamá de una de las víctimas decidió llevar a su hija a vivir a una fundación de apoyo donde la menor informó lo sucedido con ella y su amiga. Ante esto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) restauró los derechos de las dos menores de edad.
Los procesados fueron imputados, según su posible grado de responsabilidad, por delitos como: acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, actos sexuales y constreñimiento a la prostitución agravado.
Tres de los procesados fueron cobijados con medidas de aseguramiento. Por su parte, Sandra Patricia Palomeque Mosquera seguirá vinculada a la investigación.
JLH/MAGA/AMC/DSCH/MRC.
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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