La no creación de la Mesep que significa: la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad, encargada de la Medición de Pobreza Monetaria y Desigualdad, es el malestar que tiene la Corte Constitucional contra varios ministerios y entidades del gobierno nacional y afectando también en La Guajira, específicamente, a la gobernadora del departamento y los alcaldes de los entes territoriales Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia.
En la decisión la Corte Constitucional requiere en un término de 48 horas, contado a partir de la notificación de esta providencia para cumplir con dicha creación y el desacato afecta a Consejera Presidencial para las Regiones, las y los ministros de Salud y Protección Social, de Vivienda, Ciudad y Territorio, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Agricultura y Desarrollo Rural, a la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
El primer funcionario que debe defenderse en este incidente es Sandra Liliana Ortíz Nova, consejera Especial para las Regiones; el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo; la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco; la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Susana Muhamad González; la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jhenifer Mojica Flórez; la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Laura Sarabia Torres.
Igualmente se encuentran inmersos, “la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas; el superintendente nacional de Salud, Ulahy Beltrán; el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López; la gobernadora del departamento de La Guajira, Diala Wilches; el alcalde de Maicao, Mohamad Jaafar Dasuki Hajj; el alcalde de Manaure, Elven Manuel Meza Barros; el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes y el alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar”.
Los magistrados le dicen a los funcionarios citados que tienen tres días para presentar las pruebas en las que se demuestre que sí han cumplido y les advierten que si se reportan nuevas acciones en este asunto, ellas deben ser solamente para informar del cumplimiento de las órdenes dadas y deben basarse en indicadores del goce efectivo de los derechos de los ciudadanos sobre los que han expedidos las medidas de protección.
Sobre esta decisión de la Corte Constitucional, la gobernadora de La Guajira, Diala Wilches Cortina indicó que, “desde la administración departamental se cuenta con un grupo que le hace seguimiento a las políticas públicas, pero porque fuimos juiciosos y porque estamos intentando hacer las cosas bien con la sentencia”.
