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184 inmuebles fueron embargados con fines de extinción de dominio, en el marco de procedimientos realizados en 30 municipios de 15 departamentos.
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Se dice que las propiedades pertenecen a los involucrados en casos como ‘El Carrusel de Pensiones’, las irregularidades en las contrataciones en el esquema de alimentación escolar y la malversación de recursos del sector salud.
Como parte de una ofensiva nacional tendiente a tocar los bienes de los presuntos responsables de actos de corrupción, ocho fiscales de la Dirección Especializada en Decomiso de Bienes, adscrita a la Delegación Penal Financiera, con el apoyo de personal del CTI y unidades de la Policía Nacional Ejército, ocupó 184 bienes valorados en más de 69.000 millones de pesos.
El procedimiento se realizó la semana pasada en Bogotá; Santa Marta y Gaira (Magdalena), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Cartagena (Bolívar), Tunja, (Boyacá), Restrepo y Villavicencio (Meta), Pasto y Tumaco (Nariño), Bucaramanga y Barrancabermeja (Santander), Melgar (Tolima), Cali (Valle del Cauca), Valledupar y San Marcos (Cesar), Maicao y Fonseca (Guajira); Ricaurte, Funza, La Calera, Chía y Cajicá (Cundinamarca); Sabaneta, Bello y Rionegro (Antioquia); Soledad, Juan de Acosta y Barranquilla (Atlántico).
Los inmuebles afectados por medidas cautelares de suspensión de poder, embargo, secuestro y posesión son 137 inmuebles, 1 empresa, 3 establecimientos comerciales, 38 vehículos y 5 cuentas bancarias.
Todos los bienes han sido objeto de medidas cautelares a los efectos de la extinción del dominio, entendiéndose que habrían sido adquiridos con el dinero resultante de actos de corrupción o pertenecerían a los principales interesados en el caso de apropiación indebida de los recursos de salud. , pensiones, educación y el Plan de Alimentación Escolar (PAE), entre otros sectores.
“Estas acciones tenían por objeto afectar el patrimonio de funcionarios, empresarios, particulares; quienes han estado involucrados en irregularidades de todo tipo que afectan el derecho a la salud de los colombianos, el derecho a la educación de los colombianos”, dijo al respecto el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
CASOS EXCEPCIONALES
- SaludCoop. Se afectaron varios bienes que habrían sido adquiridos con dinero que habría sido desviado del sistema general de seguridad social en salud.
- «Carrusel de pensiones». Durante la ofensiva se afectaron activos que se cree que están vinculados a hechos de corrupción identificados en Cajanal y Colpensiones, en los que varias personas se beneficiaron del pago de pensiones y ajustes de jubilaciones sin cumplir con los requisitos de ley.
- Plan de Alimentación Escolar (PAE). Varias de las propiedades que recibieron medidas cautelares aparentemente fueron adquiridas con recursos producto de las diversas irregularidades en la contratación y ejecución del PAE en diferentes partes del país.
- Universidad Tecnológica del Chocó. La fiscalía ha afectado los bienes de un contratista y un auditor, quienes están siendo demandados por posibles anomalías en la ejecución de los contratos para la construcción de la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó.
- Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá. Un inmueble que se cree pertenece a uno de los contratistas presuntamente implicados en las demoras e ilícitos detectados en la construcción del Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, ha sido ocupado con fines de decomiso de bienes.
- ‘sala de operaciones’. La fiscalía impuso medidas cautelares sobre diversos bienes asociados a una red de delincuencia organizada para manipular decisiones administrativas y favorecer a diversas entidades e institutos prestadores de salud. Los responsables fueron capturados y procesados en un operativo denominado “Sala de Operaciones”.
“Todos estos activos han sido puestos a disposición de la Sociedad de Bienes Especiales (SAE) para su administración y también es nuestra intención que con estas acciones se incremente el número de activos para que puedan ser monetizados y puedan ser utilizados rápidamente por la gobierno nacional en mejorar las condiciones de vida de todos los colombianos, la Fiscalía brinda recursos de la mafia y delincuencia a los colombianos, y seguimos hablando con resultados contundentes en el país”, concluyó el fiscal general de la nación.
Esta información se publica por razones de interés general.
MAGA/JARG/LPDS/DEEDD/LABF/DPFC/MRC.
La fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la narración de una noticia objetiva, proporcionada por los funcionarios encargados de realizar las investigaciones penales dentro de la Fiscalía General de la Nación. Al momento de la divulgación de la presente comunicación, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 906 de 2004.
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