Un grupo de comunidades indígenas de Maicao solicitan de manera inmediata y urgente la intervención de Procuraduría Regional de La Guajira y la directora regional del Icbf, para que se apersonen de una situación irregular presentada en sus territorios.
La denuncia es puesta en conocimiento ante las directivas del Icbf seccional de La Guajira.
“(…) las autoridades tradicionales del sector de excepcionalidad de Maicao venimos en una lucha donde nuestros derechos han sido vulnerados y nuestra autonomía no ha tenido respeto alguno, hemos enviado múltiples radicados al Icbf donde aún no tenemos una respuesta y es por esta razón que hoy exigimos como comunidad y autoridades tradicionales que seamos escuchado y que usted pueda revisar nuestro caso lo más pronto posible, puesto que ponen en riesgo la salud y el bienestar de los niños que están con el beneficio”, indica la denuncia.
De igual manera, señala que no ponen en duda su capacidad administrativa y transparente, “es por eso que hoy acudimos a usted como máxima encargada a nivel regional para que sea usted misma quien revise nuestro proceso el cual tuvo que ser llevado a la instancia jurídica porque aún no hemos sido escuchados por el Icbf Regional”.
“Nuestras solicitudes han sido escuchadas por el Icbf Zonal 5 Maicao, donde levantaron un acta el cual no fue plasmado todo lo manifestado y quedaron de darnos una respuesta por escrito y nunca llegó. A los días fuimos convocado a una reunión con ellos donde nos llevamos la sorpresa que lo que buscaban eran que concertáramos llevándonos al representante legal de la fundación Pedro Nicanor. Aún desconocemos el afán de concertar con un operador que no avalamos, que falsificó nuestras firmas y que hoy es premiado por sus artimañas dándole contrato de operación”.
Precisa la denuncia, que una funcionaria de esta entidad manifestaba que tenían que concertar con el operador porque de lo contrario nos quitarían las UDS y serían llevadas a una comunidad o barrio vecino.
“Consideramos que esta es una falta de respeto y tenemos claro cuáles son nuestros derechos y sabemos que con esto lo que buscan es atemorizarnos y a que no levantemos nuestra voz en señal de protesta pacífica ante un mal operador que ya conocemos.
A raíz de esta insistencia por parte de la jurídica prácticamente que exigencias algunas autoridades decidieron concertar porque no vieron otra salida ya que el mismo Icbf los llevó a volver al mismo barro de donde querían salir hace tiempo por su mal manejo.
Otros seguimos aquí dando la lucha y seguiremos hasta ser escuchados, el Icbf es la entidad que respalda y protege los derechos de los niños. Esta vez en nuestro territorio ha sido lo contrario por un manejo interno que le dieron al momento de asignar el operador y omitir nuestros avales que en su momento y hasta después de la contratación eran 42 UDS”.
Por tal razón, solicitan a la directora que indague las razones por las cuales se ha omitido tomar en cuenta a las comunidades como parte fundamental del proceso desfragmentando su autonomía sobre el territorio.
“De igual manera ponerle en conocimiento que la Fundación ‘Amigos para un mejor futuro’ en cabeza de su representante legal Pedro Nicanor han pasado por encima de las comunidades. En este caso vamos a mencionar específicamente el que pasó en la comunidad San Benito, al momento de no aceptar la concertación con este operador el cual es el culpable de que hoy nuestros niños no estén recibiendo el paquete oportuno por falsificar varias firmas donde lo avalaban como operador y finalmente lograr quedarse con el contrato de operación. No es justo que hoy tengamos que pagar las consecuencias del mal manejo que se le dio a este proceso dentro de la entidad”.
La denuncia además indica lo ocurrido el pasado 31 de marzo, cuando dicha fundación citó a los padres usuarios a recibir el paquete RPP fuera de nuestro territorio, “poniendo en riesgo no solo a los padres y niños sino a toda una comunidad, sin cumplir con el protocolo de bioseguridad, haciendo entrega en un vehículo que no tiene ni placa para su identificación, llevándolos a aglomerarse sin importarles el daño que pudieron causar”.
“Aunque hasta la fecha no sabemos si alguno pueda llegar a estar contagiado y pasando por encima de la autoridad tradicional, para así dar esto como un hecho de concertación, engañando y manipulando a los usuarios que sino firmaban y no iban a buscar el paquete se iban a quedar sin alimentación todo el año. Esto es una falta grave para nosotros en nuestra cultura, llevarse a nuestros niños a un lugar desconocido que no es nuestro territorio que es un barrio vecino llamado Villa Amelia y hacer entrega de nuestros paquetes en un lugar que no corresponde”, afirma la denuncia.
La denuncia tiene soporte las fotografías y un video. Asimismo anexaron las firmas de las autoridades con su respectivo nombre de comunidad, código de unidad de servicio y cupo.
