Como resultado de la activación de la Oficina Municipal de Atención a la Víctima y a la articulación institucional, diez familias residentes en Maicao afectadas por el conflicto armado recibieron la medida de indemnización por parte del Estado colombiano, consistente en compensaciones económicas que oscilan entre 17 y 40 salarios mínimos legales vigentes.
La acción se concretó durante la instalación del Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de no repetición del municipio de Maicao, realizado en el auditorio del Centro de Atención Social, CAS, del antiguo hospital San José, este martes 16 de mayo, la cual estuvo presidida por Santander Restrepo, Secretario de Gobierno y Secretario de Desarrollo Social encargado.
Restrepo señaló que el referido subcomité tiene como objetivo recopilar los insumos necesarios para la respectiva autorización de los Planes Integrales de Prevención, Protección y Plan de Contingencia, con el propósito de enfrentar los factores de riesgo, eliminar las amenazas o disminuir el impacto en la comunidad, tal cual lo definió la Alerta Temprana número 039 del año 2019, específicamente para el municipio de Maicao.
Destacó que el alcalde Mohamad Dasuki tuvo la iniciativa de crear esta nueva secretaría pensando en ayudar a la población vulnerable, haciendo una focalización en sectores como las víctimas del conflicto armado, adulto mayor, el enlace de jóvenes, la dirección de la mujer entre otros, para seguir modernizando y avanzando en este sentido.
Por su parte, Carlos Vidal, enlace municipal de Atención a las víctimas de la Alcaldía de Maicao, indicó que desde hace varios años se viene trabajando con el fin de que exista paz en el territorio, pero que además a las víctimas del conflicto armado se les garanticen sus derechos y se les atienda dignamente, y para ello existe este punto de atención. Refirió que después de los ejercicios de documentación de casos se priorizaron las indemnizaciones que fueron entregadas este día a diez familias y apuntó que esperan gradualmente seguir laborando a favor de todas las víctimas y a las poblaciones vulnerables.
En cuanto al Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de no repetición, detalló que participan representantes de Defensoría del Pueblo, la Mesa de Participación Efectiva, el Ejército, la Policía, la Personería, el Sena y todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, Snariv, quienes se dividieron en cuatro grupos, con el fin de sacar adelante un análisis de riesgo, enfocados en variables de riesgo, como son: Dinámicas territoriales, Dinámicas de violencia, Sujetos sociales en riesgo y Sistemas de garantía.
Recordó, al igual que mencionó Santander Restrepo, que Maicao tiene una alerta temprana específica que es el número 039 desde 2019 y basados en eso necesitan actualizar el Plan de Contingencia e implementar su Plan de Prevención.
Anunció que el 24 de mayo próximo tendrán un Comité Territorial de Justicia Transicional para aprobar estos documentos técnicos, ya que cuando ocurre un homicidio o un hecho victimizante la puerta de entrada es el Ministerio Público, en este caso es una declaración ante la Personería y el primer respondiente en el marco de la ayuda humanitaria inmediata es el municipio, luego el departamento y la Nación a través de la Unidad para atención a las víctimas. “Hoy estamos trabajando con toda la institucionalidad para lograr recuperar los insumos que harán parte del Plan de Contingencia y Plan de Prevención vigencia 2023«, comentó.
Asimismo, precisó que los Consejeros de Paz cumplen un papel importante en esta misión, pues cuando se trabajó de la mano con ellos fue con el propósito de que los programas, proyectos y procesos comunitarios transversalicen las acciones de construcción de paz en todo el territorio.
Enfatizó que resulta fundamental que el Consejo Municipal de Paz, donde hay representantes de los diferentes grupos y sectores de la sociedad, sea fortalecido, que continúen con sus sesiones y mesas de trabajo. Por eso también estuvieron participando y aportando para identificar cuáles son los riesgos y las conductas vulneradoras a las cuales se ve sometida la población civil y establecer las acciones que el municipio debe implementar para la prevención y protección de esa ciudadanía.
